Un grupo de activistas y organizaciones de derechos humanos latinoamericanas presentó hoy una propuesta que enviarán a la ONU y la OEA para que golpes de Estado como el ocurrido en Honduras sean considerados crímenes "contra la humanidad" o actos "gravísimos contra la comunidad internacional".
La iniciativa, promovida por el escritor argentino Marcelo Fabián Monges, permitiría "que los golpistas vayan presos cuando salgan del país", sean interceptados en cualquier otro lugar del mundo y puedan ser juzgados en tribunales internacionales que velen por los derechos humanos, agregó su promotor.
"Eso tendría que ser estando en sus funciones (de gobierno) o habiéndolas abandonado", dijo a Efe Monges, tras una presentación pública junto a otros activistas celebrada hoy en la capital mexicana.
En ella leyó un pronunciamiento que señala que el golpe militar contra Manuel Zelaya del pasado 28 de junio tuvo como novedad la "condena unánime" de la comunidad internacional, "pero sin encontrar de una manera práctica la forma de restablecer el orden institucional".
Este último aspecto es el que se pretende subsanar con la propuesta.
Para Monges, cualquier iniciativa en este sentido tiene que empezar "llamando a las cosas por su nombre, al crimen, crimen, al autor de los delitos, delincuente, y el ejercicio de la justicia no debe verse impedido por que los criminales o delincuentes estén encerrados en sus territorios".
Recordó que desde 2000 hasta ahora ha habido veintiséis intentos de golpe de estado en distintas partes del mundo, algo que debería evitarse con más firmeza porque la comunidad internacional eligió la democracia, puntualizó.
Por su parte el presidente del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FMPDH), Benjamín Laureano Luna, consideró necesario "que el atentado contra la autodeterminación de los pueblos sea considerado uno de los máximos delitos penales" y sea "motivo para que el Tribunal Penal Internacional (TPI) enjuicie a los autores de un golpe de estado".
Felicitó que con la mediación del costarricense Óscar Arias en el caso de Honduras se haya elegido una vía política "para restablecer el orden constitucional", pero se preguntó quién le restablece la vida a los muertos, su salud a los heridos, y su libertad a quienes están presos en Honduras.
La propuesta de los activistas de México está respaldada ante Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos (OEA) por otras ONG como la Fundación Rigoberta Menchú Tum, por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDH), por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el Centro Nacional de la Comunicación Social de México (Cencos), entre otras.
