Activistas de los derechos humanos y de organizaciones campesinas de Paraguay reiteraron hoy su temor a abusos durante el estado de excepción de 30 días declarado ayer en cinco provincias para perseguir a un grupo armado que mantiene en vilo al norte del país.
"Hemos ratificado nuestra posición y consideramos que no se dan las circunstancias establecidas en la Constitución. Con los medios legales ordinarios puede manejarse esta situación", afirmó la secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), Roxana Coronel, tras una reunión con el jefe de Estado, Fernando Lugo.
La Codehupy y dirigentes de grupos sociales fueron convocados por Lugo para que "tengan del Gobierno la más amplias garantías de que este proceso no lastimará ningún procedimiento que tenga que ver con los derechos humanos", afirmó el ministro de Información, Augusto dos Santos.
Durante la vigencia de la medida, que abarca las provincias de Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes, en el centro y norte del país, se suspenden algunas libertades públicas y el Ejecutivo puede ordenar detenciones y traslados por decreto.
El abogado de la Codehupy, Juan Martens, dijo que el ministro de Interior, Rafael Filizzola, admitió en la reunión que "no puede garantizar que no haya abusos de la policía, que fue formada en otras épocas".
El estado de excepción, una herramienta utilizada con frecuencia durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89) bajo el nombre de estado de sitio, fue declarado cuando las agrupaciones políticas han comenzado a preparar sus elecciones primarias para los comicios municipales del 7 de noviembre próximo.
Martens señaló que la medida "preocupa a las organizaciones sociales, campesinas, que ya sufrieron apremios físicos y con esto lo que se buscaría es legalizar estos abusos, legalizar detenciones ilegales y arbitrarias".
"Vamos a seguir vigilantes, atentos", aseveró el activista, al explicar que su organización ha rechazado un ofrecimiento del Gobierno de realizar un seguimiento conjunto de la aplicación de la medida y que denunciará casos puntuales de abusos.
En un comunicado emitido el viernes, la Codehupy consideró que "afirmar que un grupo armado de aproximadamente diez personas produce conmoción interior y justifica el estado de excepción es reconocer la incapacidad de los órganos de seguridad".
En el mismo sentido se pronunciaron también las principales organizaciones sociales y campesinas, que no acatarán la medida y anunciaron que este lunes recorrerán las calles de Asunción para entregar a los viandantes volantes sobre la posición de cada una.
El Gobierno paraguayo, cuyo proyecto de declaración del estado de excepción fue rechazado por el Congreso, de mayoría opositora, que aprobó uno propio, se vio obligado a pedir esa medida tras la muerte de un agente y tres civiles en una emboscada tendida el miércoles último en una finca ganadera de Arroyito, 380 kilómetros al norte de Asunción.
Las autoridades atribuyen el hecho al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo armado de izquierda que emplea tácticas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según la Fiscalía.
El EPP, una escisión del extraparlamentario Partido Patria Libre (PPL), está acusado de cuatro sonados casos de secuestro perpetrados en los últimos diez años, asesinatos de policías, militares y civiles, así como de ataques a haciendas agrícolas en el norte del país, al amparo de extensos bosques en donde también abundan los cultivos de marihuana.
