El Gobierno Nacional busca obtener un panorama actualizado del personal que continúa activo en las instituciones estatales tras haber alcanzado su jubilación. Para ello, la Dirección General de Carrera Administrativa (Digeca) solicitó formalmente a los directores y jefes de Recursos Humanos del sector público la entrega de un listado pormenorizado de estos servidores.
La emisión de la circular institucional generó incertidumbre e interrogantes en torno a la estabilidad laboral de los funcionarios en condición de retiro. Ante las inquietudes surgidas, la directora general de Carrera Administrativa, Cheyla Valdés, aclaró el alcance de la medida.
Valdés explicó que la recolección de datos responde a la necesidad de construir una base de datos precisa frente a los proyectos de ley de retiro voluntario que se debaten en la Asamblea Nacional:
Evaluar el impacto económico real de las propuestas de retiro en las finanzas del Estado en caso de ser aprobadas.
Valdés enfatizó que la instrucción no implica destituciones ni desvinculaciones automáticas. "No es para generar ansiedad, no es para generar temor", sostuvo la funcionaria, reiterando que la prioridad es la actualización del registro público.
Ponderación del impacto económico
Uno de los objetivos centrales de la Digeca es calcular los compromisos presupuestarios e incentivos económicos que requeriría el Estado de concretarse los esquemas de retiro voluntario.
Por el momento, la medida se limita a la recopilación de información administrativa y no fija plazos ni obliga a los servidores públicos jubilados a abandonar sus puestos de trabajo.
