Se ratificó a Ariadne García como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala Segunda de lo Penal, y de Manuel Mata Avendaño como magistrado suplente de la Sala Segunda de lo Penal.
Esta futura ley está compuesta por 46 artículos, fue avalada por el cuerpo legislativo y se enfoca en actualizar con altos estándares, a través del examen profesional de acceso al ejercicio de la abogacía, las capacidades profesionales.
De esos 74 proyectos de ley, 13 de ellos han sido sancionados por el Ejecutivo.
Ariadne García de ser ratificada reemplazaría en el cargo al todavía magistrado, José Ayú Prado, a quién se le vence su periodo constitucional el próximo 31 de diciembre.
Durante la discusión en tercer debate algunos parlamentarios señalaron que esperan que con este presupuesto se puedan concluir algunos proyectos e hicieron referencia a la importancia de destinar recursos a áreas de salud en las comunidades.
El monto aprobado refleja un aumento $416.5 millones del proyecto de presupuesto original presentado en julio de 2022, que era por $27,162,983,671.
Las consultas a la iniciativa de ley han germinado en una nueva propuesta por parte de los comisionados, liderados por el presidente de la Asamblea Crispiano Adames, y la presidenta de la comisión de Educación, Alina González Córdoba.
En ese pasado artículo hice mención alrededor de nueve propuestas que, en lo medular, no son más que principios y garantías penales y procesales consagradas en la Constitución Nacional y en las convenciones adoptadas por Panamá en materia de derechos humanos y de administración de justicia, y frente a las cuales considero que sin ellas el Proyecto de Ley No. 625 no pasaría de ser más que un reflejo perverso de autoritarismo y totalitarismo, a la mejor usanza facista.
Este proyecto de ley fue propuesto por el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino.
Que los recursos en educación solo sean destinados al Meduca, universidades públicas y el IPHE es lo que proponen los docentes, luego de detectar que otras instituciones también se benefician.
En los últimos días han traído a distintos expositores de países en donde funciona la ley de extinción de dominio, sin embargo, no son iguales a las que se busca imponer en Panamá.
Como mucho antes que se dieran estos análisis o debates en la Asamblea ya, en alguna ocasión, di a conocer mi opinión jurídica sobre este proyecto de ley, cuestión que fue divulgada en un medio televisivo de comunicación social y también en audios y vídeos, de mi autoría, puestos en circulación en las redes sociales, quisiera, amen de reiterar algunos criterios, sumar otros, dejando constancia que se trata de un extenso proyecto que dispone de 93 artículos.
El reglamento de tránsito ya contempla la cancelación de licencia, el proyecto no aborda el tema de apoyo a las víctimas y la sensibilización, son algunos de los puntos que se debaten, sostiene Osiris Gratacós, cofundadora de la Fundación Educación Vial.
"La Zona Franca de Barú nació muerta con el Estado que generó una Ley y no otorgó los terrenos para desarrollar los proyectos, advierte el gerente, Eriberto Guerra Vásquez.
Aprobado en segundo debate el Proyecto de Ley 880, que dicta el presupuesto del Canal de Panamá para la vigencia fiscal 2023, el cual estima ingresos por B/.4,652.9 millones y aportes al Tesoro Nacional por B/.2,544.6 millones.
Panamá Este, que agrupa sectores rurales y semirurales de la capital, genera cerca de mil toneladas diarias de basura, según datos de la AAUD. Del 35% al 39% de los usuarios de la AAUD registrados se concentran en el sector Este de la capital.
Dos proyectos polémicos, presentados por los diputados Jairo Salazar y Víctor Castillo, serán vistos por una subcomisión de la Asamblea Nacional.
La audiencia se celebrará, aún en el evento no comparezca ninguna de las partes, el 27 de septiembre.
Panamá busca aprobar acuerdos con Turquía para la creación de nuevos proyectos turísticos y la diversificación de la oferta turística con la promoción de ambos países como destino turístico. Para Panamá representará el acceso a un mercado de más de 85 millones de personas.
