Meduca podría extender su vigencia fiscal para garantizar ejecución presupuestaria

La ejecución del porcentaje que le corresponde al Ministerio de Educación del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado al sector por la ley No. 362 de 2023, ha sido muy cuestionado en los últimos meses por diversos sectores de la sociedad, principalmente los diputados que exigen resultados visibles de su uso, por ello, se presentó una iniciativa legislativa para modificar el periodo fiscal del Ministerio de Educación (Meduca) a fin de que pueda cumplir con este objetivo.

El anteproyecto de ley No. 178 busca que el Meduca, a diferencia del resto de las instituciones del Estado, tenga una vigencia fiscal especial de 12 meses para ejecutar su presupuesto anual, es decir, del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente.

“Para la transición al nuevo calendario fiscal, el Ministerio de Educación deberá ajustar el presupuesto vigente de manera proporcional para cubrir el periodo de transición. El ajuste será supervisado y aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, garantizando la correcta asignación y utilización de los recursos durante este proceso”, esboza el documento.

Además, se ordena al Meduca ajustar sus procedimientos internos de planificación, ejecución y control presupuestario para alinearse con el nuevo periodo de vigencia fiscal, estableciendo un cronograma de actividades que asegure la continuidad de los programas sin interrupciones.

La entidad también presentará un informe anual sobre el estado de la ejecución del presupuesto al Órgano Legislativo, la comunidad educativa y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para evaluar el impacto del cambio fiscal y realizar los ajustes correspondientes.

Dicha iniciativa, según su proponente, Jorge Bloise, busca que las instituciones educativas cuenten, durante el periodo de vacaciones, con los recursos necesarios para realizar adecuaciones de infraestructura, nombramientos de docentes y garantizar que los programas de nutrición inicien desde el primer día de clases, ya que, el periodo actual (1 de enero al 31 de diciembre) limita la ejecución de obras cuando las instalaciones están disponibles y las condiciones climáticas del país son las más favorables.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, recientemente se refirió a los cuestionamientos de ejecución del 7% del PIB, afirmando que estos recursos son “irreales” porque no están a disposición de la entidad para utilizarlos cuando lo considere como la población piensa, y representan una carga presupuestaria importante para el Estado.

Datos proporcionados por Molinar revelan que la asignación de este porcentaje compromete el 21% del presupuesto total del Estado, 43% de los ingresos corrientes del gobierno central, y 25% del gasto total del sector público no financiero, por lo tanto, no es sustentable, ya que, obliga al Estado a presupuestar recursos que no son cónsonos con los ingresos que recibe lo que impide atender adecuadamente otras áreas como salud pública e infraestructura vial.

“No hay en el Estado un renglón cuyo presupuesto se basa en el PIB; esa fue una decisión producto de una crisis coyuntural que trataron de paliar para arrancar aplausos, pero no está basada en un cálculo real”, dijo en su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto.

La titular del Meduca anunció que junto al MEF prepara una modificación a la ley No. 362 para que esta asignación se haga sobre la base de los ingresos del Estado, garantizando una mejor utilización de los recursos públicos.