El presidente del Poder Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas, fue acusado hoy por un grupo de abogados ante el Ministerio Público por los delitos de malversación de caudales públicos, peculado y fraude en perjuicio de Estado.
La denuncia fue interpuesta por el abogado Gustavo García Prado, miembro del grupo continental de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), de la cual Nicaragua es suscriptora, y los abogados Lulio Marenco y Jaime Chavarría.
En la denuncia, recibida por el fiscal especial Luden Montenegro, los abogados también acusaron por los mismos delitos al pleno de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), integrado por diez miembros sandinistas y liberales.
Según la ley, el Ministerio Público tiene 20 días para valorar el caso y resolver si ejercerá la acción penal.
En el escrito acusatorio los abogados señalan que el presidente del Poder Electoral se compró un avión, de matrícula estadounidense, por un valor de 507.000 dólares, cuando su salario mensual es de unos 5.000 dólares.
"De acuerdo a la investigación realizada, la adquisición de la referida aeronave es de carácter personal del ciudadano presidente de facto del CSE, Roberto Rivas, para lo cual utilizó dinero del presupuesto otorgado al Poder Electoral mediante el Legislativo", afirman los abogados en el documento.
Según García, uno de los abogados acusadores, los jueces electorales utilizaron 37 millones de córdobas (unos 1,7 millones de dólares) del presupuesto de ese poder del Estado supuestamente para fines personales, entre ellos remodelar sus viviendas.
"Tenemos pruebas testimoniales y testificales que aportaremos al Ministerio Público en su debido momento para que esta vez inicien una investigación contra estos personajes de facto", señaló García.
Roberto Rivas, que goza de inmunidad por su cargo, es hermano del embajador de Nicaragua en Costa Rica, Harold Rivas.
El magistrado Rivas, a quien se le venció su período en junio pasado y se mantiene en su cargo amparado por un Decreto Ejecutivo avalado por la Corte Suprema dominada por los sandinistas, aún no reacciona a esa denuncia. Tampoco el resto de magistrados.
Para ser desaforado un juez electoral se requiere del voto de 47 de los 92 legisladores que integran la Asamblea Nacional.
