El Gobierno peruano dispuso hoy la aplicación inmediata del nuevo Código Procesal Penal para los casos de corrupción, con el objetivo de sancionar con mayor celeridad los delitos cometidos por funcionarios públicos.
"Mala suerte para los delincuentes y corruptos, buena suerte para la sociedad peruana", afirmó el presidente peruano, Alan García, al anunciar la medida en una ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima.
"Están notificados los pillastras, los pilluelos, los que negocian la licitación, los que se roban las cosas grandes o pequeñas, y todos los que incurren en concusión, en peculado o en corrupción de funcionarios serán juzgados drásticamente y velozmente", remarcó García.
El antiguo código permitía que un funcionario se mantuviera en su cargo mientras era investigado por un delito de corrupción, pero con la nueva norma podrá ser juzgado de inmediato, destacó García, quien anunció la decisión junto a la ministra peruana de Justicia, Rosario Fernández, y el presidente del Congreso, César Zumaeta.
"Esto es esencial para la vida democrática y la salud de la República (...) eso significa que todos estos pandilleros y miserables que cometen delitos, que se cargan las cosas, pueden ser sancionados de inmediato", afirmó el gobernante, tras asegurar que de ese modo se reducirán las fechorías en el Estado.
El presidente peruano indicó que la norma no se aplicará sólo a los casos futuros, sino que abarcará a los funcionarios que ya han sido denunciados ante la Contraloría.
El Contralor General de la República, Fuad Khoury, señaló en junio pasado que hay 603 funcionarios públicos procesados por delitos penales y civiles, sin especificar cuántos lo eran por corrupción, y que todos ellos continúan en sus puestos porque los informes de control emitidos en su contra no son vinculantes.
La decisión anunciada hoy por el Gobierno adelanta en dos años la entrada en vigencia del Código Penal para los delitos de concusión (pedir soborno), cobro indebido, colusión, patrocinio ilegal, responsabilidad de peritos y peculado (uso personal de bienes estatales).
También por corrupción de auxiliares jurisdiccionales, malversación, cohecho electoral político, negociación incompatible, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, entre otros.
El nuevo código está siendo implementado en el país por etapas y debe culminar su plena adopción en los distritos judiciales de Lima en 2012.
En el actual Gobierno se han presentado varios sonados casos de presunta corrupción, entre ellos el escándalo de escuchas telefónicas ilegales conocido como los "petro-audios" que comprometió a funcionarios en la supuesta adjudicación irregular de lotes petroleros a una empresa noruega en 2008, un caso por el que todavía no hay sentencias.
