Amnistía Internacional (AI) criticó hoy las propuestas de restablecer la pena capital en México y a quienes las justifican, a raíz del debate surgido esta semana ante la petición del estado de Coahuila al Congreso Federal de que analice el asunto.
Según indicó la organización en un comunicado, las iniciativas "que buscan una salida fácil a la situación que vive el país", que afronta un recrudecimiento sin precedentes de la violencia del crimen organizado, "no hacen más que reforzar un clima de venganza social".
En ese ambiente "se corre el riesgo no sólo de justificar el uso de la pena de muerte, sino la comisión de otras violaciones graves a los derechos humanos tales como el uso de la tortura, el maltrato, las ejecuciones o las detenciones arbitrarias", agregó AI.
La organización recuerda que "la reimplantación de la pena de muerte como método de disuasión de la delincuencia ha sido probada como inútil e ineficaz en una gran diversidad de países y contextos".
Además pide a las autoridades que no olviden que "el Estado mexicano, como signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene la clara imposibilidad de reincorporar la pena de muerte a su sistema judicial".
El estado de Coahuila, en el norte del país y fronterizo con Texas (EEUU), solicitó el pasado martes al Congreso Federal que estudie una reforma de la Constitución para restablecer ese castigo en el caso concreto de los secuestradores que asesinen a sus víctimas.
Varias gobernadores de otros estados, representantes de partidos políticos, diputados y senadores se han mostrado favorables al proyecto o, al menos, a considerar la iniciativa.
Al respecto, AI lamentó que "tanto partidos políticos como representantes de gobierno utilicen el tema de la seguridad pública de manera irresponsable sugiriendo que la reimposición de la pena de muerte significará una respuesta efectiva frente a la delincuencia".
Por ello, "es esencial que el Gobierno demuestre liderazgo para enfrentar estos propósitos erróneos y peligrosos con el pleno compromiso público de retener la abolición de la pena de muerte", concluye.
La pena de muerte, que no está contemplada en los códigos penales de ninguno de los 32 estados, figuraba en la Constitución mexicana hasta 2005, año en que fue abolida, para los casos de traición a la patria, parricidio, homicidio agravado y otros delitos.
Sin embargo, no se aplicaba en el país desde 1961, cuando fue ejecutado un soldado en Saltillo, precisamente la capital de Coahuila.
La imparable escalada de violencia del crimen organizado, que este año ha dejado más de 5.000 asesinatos, casi el doble que en 2007, así como las crecientes denuncias de secuestros, han llevado de nuevo la cuestión a debate.
