El presidente Alan García concluye su segundo mandato en Perú con altos índices de crecimiento económico y decenas de conflictos sociales, sobre todo medioambientales, aunque también con críticas por algunos casos de corrupción.
A diferencia de la hiperinflación galopante y el aislamiento financiero internacional en el que dejó Perú tras su primer gobierno (1985-1990), García muestra hoy con orgullo el crecimiento económico de 8,7 % logrado en 2010, como resultado de una tendencia al alza del Producto Interior Bruto (PIB) en los últimos doce años.
Durante su segundo mandato (2006-2011), García ha mantenido la disciplina fiscal impuesta desde la última década en Perú, incentivó la apertura del mercado con varios acuerdos de libre comercio y promovió inversiones privadas que casi alcanzan los 19.000 millones de dólares sólo en minería e hidrocarburos entre 2000 y 2009.
"En este periodo de gobierno, el presidente García ha mostrado claramente que asimiló la trascendencia que tiene respetar los fundamentos económicos porque eso garantiza estabilidad económica en el país y facilita el manejo político y social", declaró a Efe el economista César Peñaranda.
De acuerdo con cifras oficiales, las reservas internacionales netas totalizaron 44.105 millones de dólares en 2010, las exportaciones en los últimos cinco años ascendieron a 131.000 millones y existen actualmente 19 proyectos de hidrocarburos en explotación.
Peñaranda destacó también la reducción de las cifras de pobreza, aunque siguen siendo altas, en torno al 31 por ciento.
El mandatario ha afirmado a principios de mes que "frenar la inversión que llega es castigar al técnico y al profesional" que quieren trabajar, tras pronosticar que la economía crecerá un 8 % este año.
García agregó que "todo está asegurado para que el nuevo gobierno pueda continuar creciendo a tasas de entre el 9 y el 10 %".
La gestión de la economía ha sido "adecuada, ha habido más disciplina fiscal y ha sido más coherente", coincidió el analista político Luis Benavente, en declaraciones a Efe.
Sin embargo, Benavente recordó que "en el campo político hay una palabra que dio muchas vueltas, al igual que en su primer gobierno, que es la corrupción".
Aunque no hubo un caso que le vincule directamente a él, muchos miembros de su gobierno sí estuvieron implicados, añadió Benavente, en referencia al escándalo de los "petroaudios", que reveló en 2008 graves irregularidades en la licitación de lotes petroleros.
Ese escándalo derribó a su entonces gabinete ministerial, pero hubo otra crisis política, en junio de 2009, que tuvo un mayor impacto en el gobierno de García y le hizo retroceder en sus aspiraciones de flexibilizar las inversiones en la selva.
Hasta el día de hoy, García se arrepiente de haber retrasado la solución de una protesta indígena en la selva de Bagua, que causó la muerte de 24 policías y 10 civiles, pero nunca reconoció el derecho de las comunidades nativas a decidir libremente sobre la explotación de los recursos existentes en lo que consideran sus tierras.
La Defensoría del Pueblo ha cifrado en 234 los conflictos sociales en la actualidad, la mitad de ellos de reclamaciones medioambientales con denuncias de contaminación de tierra, agua y campos de cultivo por parte de empresas mineras o grandes industrias.
Los paros y huelgas de organizaciones sociales y laborales han sido una constante en el segundo mandato de García para tratar de forzarlo a dialogar y conseguir atención a sus demandas de mayores recursos, ante el avance de las actividades extractivas.
El jefe del Estado ha admitido que Perú es "un país de conflicto", pero añadió que él está en el cargo para hacer "cosas grandes" y ha preferido dejar "los conflictos menores" a los otros.
"Alan García no es un presidente que termine siendo querido por el pueblo o por los ciudadanos -opinó Benavente-. Detrás de ese gran orador no hay alguien que enlace con eficiencia; la gente no lo quiere, ni lo van a querer en el futuro".
En opinión del sociólogo Julio Cotler, "la paradoja del desarrollo peruano" radica en que hay un problema de redistribución económica, porque los salarios han caído el 10 % en una década mientras que los beneficios empresariales subieron un 30 %, pero también, a su juicio, falta liderazgo político.
En las urbes, donde se concentra la mayoría del electorado peruano, la principal demanda es trabajo y seguridad ciudadana por el incremento de la delincuencia, además de progresos en los deficientes sistemas de salud y educación y una mayor regularización laboral.
