Organizaciones ambientalistas de El Salvador consideraron hoy un "precedente nefasto" la decisión de un tribunal internacional que rechazó las objeciones del país contra una demanda interpuesta por la minera Pacific Rim.
"La decisión del CIADI constituye un precedente nefasto, en tanto enjuicia a un país en su soberanía y autodeterminación, rechaza proyectos inviables ambiental y socialmente", señaló la Mesa Nacional frente a la Minería, ente que agrupa a ambientalistas, en una conferencia de prensa y condenó "categóricamente" la medida.
La empresa Pacific Rim, de origen canadiense pero con inversionistas estadounidenses, demandó a El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial por negarle el permiso para explotar la mina El Dorado, en el norte de El Salvador.
La empresa minera solicita a las autoridades salvadoreñas el reembolso de al menos 77 millones de dólares.
El Estado salvadoreño presentó una objeción por considerar que la demanda que lo acusa de violentar sus derechos al negarle licencias de explotación minera, carece de fundamento.
Sin embargo, un tribunal internacional rechazó las objeciones de El Salvador y permitió la reanudación de la demanda.
Además, los integrantes de la Mesa Nacional frente a la Minería pidieron que el Gobierno salvadoreño replantee la estrategia de defensa del caso y que una esfuerzos con la sociedad civil.
Sobre la continuidad de la demanda contra El Salvador, el activista Manuel Fuentes dijo que las organizaciones poseen información que podría "robustecer la estrategia de defensa" y exigió al Ejecutivo los considere "aliados", pues, a su juicio, el Gobierno "no ha querido compartir con la mesa una estrategia en conjunto".
Los ambientalistas reiteraron la urgencia de aprobar una Ley que prohíba la minería de metales en el país y anticiparon que presentarán ante el Parlamento una solicitud en ese sentido.
A su vez, los activistas demandaron al Ejecutivo revertir el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, EE.UU. y la República Dominicana (CAFTA-DR, por su sigla en inglés) y descartar la posibilidad de suscribir un tratado comercial con Canadá.
