El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, denunció hoy que familiares de su ministro de la Defensa, general Abraham Valenzuela, han sido víctimas de amenazas de muerte por parte de un grupo de antiguos oficiales del Ejército, descontentos por la desclasificación de los archivos militares.
"Familiares del ministro han sido amenazados por parte de ex oficiales que están preocupados por la desclasificación de los archivos", dijo Colom en una rueda de prensa.
El mandatario aseguró desconocer la identidad de los militares retirados que estarían detrás de las amenazas en contra de los familiares de Valenzuela, pero aseguró que las mismas no le harán variar su decisión de desclasificar los archivos del Ejército guatemalteco.
"La decisión ya está tomada y no hay marcha atrás. El ministro está con las botas bien puestas y sigue firme en su disposición de cumplir con esa orden", aseguró el gobernante.
Colom precisó que las amenazas se iniciaron el pasado miércoles cuando, en cumplimiento de una orden presidencial y de un fallo de la Corte de Constitucionalidad, Valenzuela entregó a un tribunal penal de este país dos archivos que contienen las operaciones realizadas por el Ejército entre 1978 y 1982.
"Lo que buscamos es que se conozca la verdad de lo ocurrido. Ya no estamos en guerra, ya no hay por qué ocultar nada", subrayó el mandatario.
El presidente reconoció que también "existe nerviosismo entre un grupo de oficiales de alta" por la información que contienen los archivos militares, la cual podría sacar a luz la responsabilidad las Fuerzas Armadas en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra que padeció este país entre 1960 y 1996.
Para garantizar "que no haya más secretos", Colom dijo que ha creado una comisión especial que se dedicará a desclasificar los archivos del Ejército en el período de 1954 a 1996.
Esa comisión, que estará integrada por un delegado presidencial, el Ministerio de la Defensa, la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría de la Paz y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, tendrá que "verificar que entre los documentos no haya algo que verdaderamente pueda ser un secreto de Estado".
Tras ser desclasificados, los archivos servirán como prueba documental en un proceso penal por delitos de genocidio y torturas que conoce el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal en contra de un grupo de ex altos cargos militares, entre ellos Efraín Ríos Montt, quien gobernó de facto entre 1982 y 1983.
El conflicto armado, que acabó con la firma de la paz entre el Gobierno y la guerrilla el 29 de diciembre de 1996, dejó unas 200.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, y hasta ahora los delitos de genocidio se mantienen impunes.
