Una misión de Amnistía Internacional que esta semana visitó la ciudad de Bagua y su entorno, donde el pasado 5 de junio murieron en choques 24 policías y diez civiles, advirtió hoy del "desasosiego y zozobra" que se vive en la zona.
Sus integrantes, Susan Lee, directora del Programa regional para América, y la investigadora Nuria García explicaron a Efe que la población en Bagua grande y chica, El Reposo o Santa María de Nieva siente desconfianza porque sigue sin saber nada de las investigaciones de aquellos sucesos.
Los disturbios estallaron tras las protestas de indígenas en esa región amazónica contra una serie de decretos que consideraban lesivos a sus derechos sobre la tierra.
Las integrantes de la misión, que redactarán un informe con todas sus experiencias recogidas a lo largo de esta semana, adelantaron que no han podido constatar que haya más muertos que los reconocidos oficialmente ni tampoco desaparecidos, a excepción de un mayor de la Policía.
En este sentido, han recibido denuncias de cuatro civiles desaparecidas, procedentes no de sus propias familias, sino de sus comunidades, pero no han podido corroborar esas denuncias hasta el momento y emplazaron a la Fiscalía peruana a hacerlo.
Entre las cuestiones que consideraron "preocupantes" están la fuerte presencia militar en algunos lugares, como Santa María de Nieva, pese a levantarse el estado de emergencia, y que hasta el momento las persecuciones judiciales solo vayan en una dirección, es decir, hacia los autores de la muerte de los policías.
Hasta el momento hay 15 personas detenidas en la cárcel de Chachapoyas por estos hechos, más un mínimo de seis líderes políticos de los indígenas que son perseguidos con "cargos sin sustento, que parecen obedecer a una motivación política", dijeron.
Tres de los líderes indígenas perseguidos se encuentran asilados en Nicaragua, dos en la clandestinidad y el último está convaleciente en un hospital.
Sin embargo -subrayaron- no se ha abierto causa alguna por los supuestos delitos de abusos, uso excesivo de la violencia, uso de armas contra personas desarmadas y otros comportamientos atribuibles a los agentes policiales el día 5 y 6 de junio, cuando se produjeron los hechos más graves que ha vivido Perú en los últimos años.
Por otra parte, las dos investigadoras denunciaron que el Estado siga adelante con las concesiones petroleras en la zona sin esperar a que se establezcan nuevos mecanismos de consulta entre el Gobierno y las comunidades nativas, y se preguntaron si el Ejecutivo "tiene una verdadera voluntad negociadora".
Fue precisamente la ausencia o la burocratización de los mecanismos de consulta lo que sublevó a los indígenas amazónicos y dio origen a todas las protestas, y los que finalmente hicieron al Gobierno dar marcha atrás con los decretos más polémicos y prometer que se abría un proceso negociador con los nativos.
Las dos enviadas por Amnistía Internacional, que reconocieron haber tenido acceso irrestricto a todos los lugares que quisieron investigar, emitirán al término de su misión, que finaliza mañana, un informe con recomendaciones al Gobierno de Perú.
