El gobierno regional del costero estado venezolano de Vargas, próximo a Caracas, informó que revisa las concesiones de tierras públicas a empresas privadas, luego de que responsables de un exclusivo club denunciaran hoy "intenciones expropiadoras".
"No estamos expropiando a nadie. Simplemente nombramos una comisión para revisar todas las concesiones" y en el caso del Club Marina Grande sus propietarios "se han extralimitado y ya llevan tres playas privatizadas que estoy seguro no están en la concesión", dijo el gobernador de Vargas, el ex general Jorge García Carneiro.
Una vez que se revise la documentación del Club Marina Grande y otras "decidiremos luego qué acciones tomar", pero "no por dinero van a avasallar al pobre", agregó el ex jefe del Ejército y gobernador afín del Gobierno del presidente Hugo Chávez, en declaraciones a la cadena privada Globovisión.
Momentos antes, Luis Tania, responsable de ese club, dijo a la misma cadena que funcionarios de la gobernación, soldados y miembros de consejos comunales de Vargas irrumpieron en su despacho.
"Con intenciones expropiadoras y como si uno fuera delincuente, como si uno estuviera robando", manifestó.
Tania reveló que la concesión al Club Marina Grande, propiedad familiar desde hace cuarenta años y que cuenta con medio millar de socios, incluye "una playa privada, otra de visitantes, otra que está cerrada y otra pública de libre acceso".
El gobernador insistió a su vez en que el club "se ha agarrado terrenos públicos" y "ha llegado al extremo de cobrar" unos 30 dólares a cada persona que desea disfrutar de las playas.
Con el dinero ya recaudado de esa manera, añadió García Carneiro, "ya está pagado" el monto de una eventual indemnización del Estado a la que estaría obligado en caso de una expropiación en firme.
García Carneiro agregó que varios otros terrenos del gobierno de Vargas entregados en concesión a privados tienen "documentos falsos" y que, además, están siendo utilizados para estacionamientos de vehículos, el almacenamientos de cargas marítimas y otras actividades "que no tienen la utilidad que deben tener".
"Estamos interesados en construir viviendas populares para las gentes pobres" que no deben "seguir amarrados a los cerros, a zonas inestables, a quebradas, porque los terrenos buenos, que son del Estado", están destinados a otros fines, subrayó el gobernador.
"Respeto la propiedad privada", pero ya "se descubrieron anormalidades" en otras concesiones "donde se están violando derechos fundamentales del pueblo" y sus responsables deben dar "la cara" y justificar el uso de "terrenos importantísimos aptos para desarrollar (programas estatales de) vivienda popular", remarcó.
