El Congreso costarricense aprobó hoy, en primer debate, una nueva y estricta ley sobre el crimen organizado, que constituye la primera legislación en el país que sanciona, de manera especializada, ese tipo de delitos.
La ley, aprobada con 44 votos a favor y uno en contra, según anunció la misma Asamblea Legislativa, establece una nueva definición de crimen organizado en el país e introduce penas mayores, medidas de regulación de las intervenciones telefónicas y de divulgación de datos confidenciales.
Por ejemplo, se incluye una sanción de prisión de 2 a 8 años para aquellas personas que divulguen, recopilen o reproduzcan información confidencial de modo ilícito.
Para la diputada Ana Helena Chacón, del opositor Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), uno de los cambios más importantes es la posibilidad de efectuar intervenciones telefónicas, sobre todo en los casos de secuestro de menores.
La nueva ley facilita también los trámites para que el Instituto Costarricense de Drogas (ICD) pueda utilizar los vehículos y bienes decomisados a bandas de narcotraficantes para fines policiales, o pueda venderlos antes de que se dicte sentencia y disponer de ese dinero para la lucha contra el tráfico de drogas.
La diputada independiente Evita Arguedas aseguró que la aprobación de esta ley era indispensable para dotar a "Costa Rica de una base importantísima para poder castigar delitos como el secuestro, el tráfico de personas, la trata de personas, crímenes de orden sexual, lavado de dinero y narcotráfico".
El Ejecutivo celebró también la decisión del Congreso, pues el proyecto pasó más de un año en discusión antes de ser votado hoy.
"El paso que hemos dado hoy es enorme en resguardo de la seguridad ciudadana. Que sepan los criminales y las mafias que en Costa Rica no tienen cabida ni espacio alguno. Que sepan que combatiremos ahora con más herramientas y fuerza todo su poder y organización", dijo el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias.
Para que esta ley, que había sido solicitada sin descanso por las autoridades judiciales, entre a regir requiere de una segunda votación favorable y luego de una sanción por parte del Gobierno.
