El Gobierno de Perú aprobó hoy un proyecto de ley que establece que las personas que hayan sido condenadas por terrorismo o violación no podrán ser maestros ni ocupar cargos administrativos en la gestión pública.
La medida fue tomada hoy en una reunión del Consejo de Ministros e incorpora como causal de cese laboral el haber sido condenado por los delitos de terrorismo y contra la libertad sexual (violación), informó el ministro de Justicia, Juan Jiménez.
Al termino del consejo, el ministro dijo que el proyecto de ley, que será enviado al Congreso de la República para su debate y eventual aprobación, también establece que los sentenciados por estos delitos no podrán ocupar cargos administrativos.
Jiménez indicó que la aprobación del proyecto manifiesta la "sensibilidad" del Gobierno en la protección de los niños y tiene por objetivo que "no sean contaminados por ideologías distintas a las democráticas".
La decisión se tomó después de que hace dos semanas el congresista fujimorista Octavio Salazar declarara a los medios que más de 600 expresos por delitos de terrorismo habían vuelto a ocupar cargos como docentes en la educación pública.
La ministra de Educación, Patricia Salas, informó el pasado 22 de marzo que son 125 los maestros que cumplieron condena por el delito de terrorismo.
"Con el listado de 667 nombres de maestros que entregó el congresista Octavio Salazar, con maestros supuestamente condenados por terrorismo, se encontró el nombre de 125 docentes activos que son condenados por dicho delito, o están en proceso de comparecencia", precisó la ministra.
