Argentina anunció hoy que enviará al Parlamento un proyecto de ley para permitir la reapertura del canje de la deuda en mora, para aquellos acreedores que no se adhirieron a la reestructuración de 2005.
"La presidenta Cristina Fernández ha tomado la decisión de enviar al Congreso un proyecto de ley que significa la suspensión temporal de la ley cerrojo del canje", dijo en una rueda de prensa el ministro de Economía argentino, Amado Boudou.
El ministro aseguró, además, que desde mañana, viernes, se iniciarán los trámites ante las comisiones de valores de Estados Unidos, Alemania e Italia para comenzar el proceso de presentación de ofertas.
Boudou destacó que la regularización de estas deudas es un paso fundamental para el regreso de Argentina a los mercados internacionales.
En medio de una severa crisis económica, Argentina se declaró en cese de pagos a finales de 2001, cuando dejó impagos de bonos públicos por 102.000 millones de dólares.
En 2005, el país logró una adhesión del 76 por ciento entre sus acreedores a una propuesta de reestructuración, que supuso una rebaja del 65 por ciento sobre el capital adeudado.
Boudou dijo hoy que la nueva reestructuración implicará un "piso" de una quita no inferior al 65 por ciento.
El Parlamento argentino aprobó luego una "ley cerrojo" para vedar el ingreso al canje de aquellos acreedores que no se adhirieron al plan de refinanciación y que posee bonos impagados por unos 20.000 millones de dólares.
Para permitir la reapertura del canje, el Ejecutivo argentino girará el próximo lunes al Parlamento una iniciativa que dejará "en suspenso" aquella ley.
Boudou apuntó que la nueva propuesta de canje tendrá "parámetros" diferentes para aquellos acreedores que, además de no adherirse a la reestructuración de 2005, iniciaron demandas contra Argentina.
"Este proyecto tiene algunos parámetros, como que el canje tiene que ser más beneficioso que el de 2005 (para Argentina) y que bajo ningún aspecto los que hubieran hecho juicio puedan tener ventajas o una situación diferencial respecto de los que no llevaron adelante una acción judicial contra Argentina", consideró.
El ministro señaló que aspira a que el ciento por ciento de los acreedores acepten la propuesta, pero afirmó que un nivel de adhesión del 60 por ciento sería "una buena marca".
