Argentina conmemora mañana el XXV aniversario del proceso a las Juntas de la sangrienta dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, un juicio que marcó el fin de la impunidad para los cabecillas de la represión y abrió el camino a la democracia.
El 9 de diciembre de 1985 los argentinos escucharon atónitos las sentencias del proceso que sentó en el banquillo a los nueve militares de alta graduación que encabezaron la dictadura, entre ellos los ex presidentes Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Galtieri.
La acusación, encabezada por el fiscal Julio César Strassera, se basó en más de 700 casos elegidos entre cerca de 9.000 denuncias recogidas en el informe de la Comisión Nacional sobre Desapariciones (Conadep).
Más de 800 testigos declararon en el juicio, seguido por 670 periodistas y columnistas, entre ellos el escritor Jorge Luis Borges, quien, en una de sus colaboraciones para la Agencia Efe, reflejó el dolor que le producían los testimonios de las víctimas.
"Lo más terrible de una cárcel es que quienes entraron en ella no pueden salir nunca. De éste o del otro lado de los barrotes siguen estando presos. El encarcelado y el carcelero acaban por ser uno", escribió Borges tras asistir a la audiencia del 22 de julio de 1985.
Durante el proceso, los familiares de las víctimas se "pellizcaban" al ver a los máximos responsables de la dictadura entrar esposados al Palacio de Tribunales de Buenos Aires, recuerda Taty Almeida, una de las líderes de Madres de Plaza de Mayo.
"Quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca Más". Con estas palabras, el fiscal Julio César Strassera cerró su intervención ante el tribunal, compuesto por seis jueces.
Después de un proceso único en la historia argentina, sólo dos de los acusados -Videla y Massera- fueron sentenciados a cadena perpetua. Viola fue condenado a 17 años, Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses, Armando Lambruschini a ocho años y el resto fue absuelto, incluido el ex presidente Galtieri.
Aunque no estuvo de acuerdo con las condenas, 25 años después del proceso Strassera se siente orgulloso del juicio, "único en el mundo", y sostiene que "no se podía haber hecho de otra manera, era la única manera posible".
El proceso no se habría producido, asegura, sin la decisión política del entonces presidente Raúl Alfonsín (1983-1989).
Antes incluso de llegar al poder, este testarudo descendiente de gallegos había decidido que era necesario revisar el pasado para estrenar una democracia de pleno derecho en una Argentina conmocionada por los crímenes de la dictadura y herida por la derrota frente a Gran Bretaña en la guerra de Malvinas de 1982.
Sin embargo, acosado por dos revueltas militares, con la oposición del peronismo y los sindicatos, y con una deuda heredada de la dictadura que desestabilizó económicamente el país, aprobó las llamadas "leyes del perdón": Obediencia Debida y de Punto Final (1986 y 1987), que supusieron la libertad para cientos de torturadores.
Las "leyes del perdón" fueron, en opinión de Strassera, una cuestión de "necesidad" para mantener una "democracia frágil", en un contexto muy diferente al indulto concedido en 1989 y 1990 por el ex presidente Carlos Menem (peronista) que el fiscal califica como una "inmoralidad".
La anulación del indulto y la reapertura de los juicios que impulsó el recientemente desaparecido ex presidente Néstor Kirchner en 2003 ha sentado de nuevo en el banquillo a muchos de los represores, incluido a Videla, aunque, como advierte Taty Almeida, el tiempo juega en contra de la justicia y de las víctimas.
De los nueve acusados en el proceso contra las Juntas, sólo viven tres. El resto murió sin cumplir sus penas, salvo Orlando Ramón Agosti, fallecido en 1997, que cumplió los cuatro años y seis meses de condena.
No obstante, Almeida, de 80 años, todavía tiene humor para bromear: "A pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las 'viejas locas' todavía seguimos de pie", advierte.
Mar Marín
