El Gobierno argentino presentó hoy por primera vez ante la CIDH por iniciativa propia los avances que ha registrado el proceso judicial abierto para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
"No podemos ni debemos considerarnos totalmente satisfechos hasta alcanzar nuestro objetivo" de acabar con la impunidad, dijo la directora nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos de Argentina, Andrea Gualde.
Durante una audiencia del 140 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abierto hoy, Gualde y el director general de Derechos Humanos de la Cancillería argentina, Eduardo Acevedo Díaz, presentaron cifras y detalles de la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Argentina (1976-1983).
Actualmente hay 127 casos en trámite, 13 de ellos en debate oral, 76 se han elevado para el debate y 38 están en fase de requerimiento de instrucción, y 656 procesados y 126 condenados.
En el último año se ha identificado a 125 imputados, según los altos funcionarios argentinos.
Argentina, dijo Gualde, "ha registrado una historia de avances y de retrocesos" y un "camino que no estuvo ni está exento de dificultades y desafíos", pero que se encara desde los tres poderes del Estado con jueces naturales y leyes vigentes y con un plan de acción y de cooperación con la Justicia claro.
Los tres poderes del Estado "han llevado a cabo acciones para avanzar en este proceso" y "se han sancionado distintas normas para agilizar las causas", además de hacer los esfuerzos financieros necesarios, subrayó.
Argentina ha declarado de lesa humanidad los crímenes cometidos durante la dictadura y por tanto no pueden prescribir.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, una organización no gubernamental, se presentó en la audiencia y dio sus propias cifras de acciones legales contra la impunidad.
"Cada vez hay más juicios orales y cada vez más personas enfrentan procesos y eso es una excelente noticia", afirmó Andrea Pochak, directora adjunta de la organización.
De acuerdo con Pochak, a octubre de 2010 se encuentran activas 344 causas y se han finalizado 32 debates orales. Otros 15 están en curso y hay 104 sentenciados.
Según su informe, se emitieron 35 veredictos este año.
Asimismo, "se han profundizado las acusaciones en los procesos contra civiles involucrados en la represión ilegal", señaló CELS.
Pese a esos datos favorables Pochak también destacó factores "preocupantes" en los procesos, sobre todo por las demoras.
Del total de 344 causas que según el CELS están en curso, más del 70% se encuentra en etapa de instrucción.
"A este ritmo, juzgar las causas que restan puede demorar 20 años más", afirmó.
Particularmente preocupante es el retraso en las instancias de recursos, de 2 ó 3 años.
De los 24 recursos en espera, la mitad corresponde a sentencias de hace más de un año, explicó.
Además existe un "grave problema" por el extenso tiempo que están tomando los procesos, sobre todo los emblemáticos porque celebran dos audiencias semanales dado que comparten la sala de audiencias.
A esta organización le preocupa además que la demora aumente el tiempo de prisión preventiva, dado que de las 739 personas procesadas, solamente 127 se encuentran en juicio.
