La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip), en representación de las autoridades tradicionales y los 10 congresos y dos consejos de los siete pueblos originarios del país, ha lanzado un llamado urgente a la ciudadanía, a las autoridades nacionales y a la comunidad internacional.
La organización exige que se repudie de manera enérgica la falta de ejecución integral de las medidas de reparación dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), luego de 12 años de haberse emitido la condena contra el Estado panameño.
El reclamo surge a raíz de la emblemática sentencia del 14 de octubre de 2014, mediante la cual la Corte IDH halló responsable al Estado panameño por la vulneración de los derechos a la propiedad colectiva y a las garantías judiciales.
Esta violación afectó directamente a los pueblos Kuna de Madungandí y Emberá de Alto Bayano, cuyas tierras fueron objeto de delimitación deficiente, titulación incompleta y un evidente despojo territorial a raíz de la construcción de la represa del Bayano.
A pesar de los múltiples compromisos asumidos en mesas de trabajo previas y de los mandatos explícitos del tribunal internacional, la organización denuncia que persisten retrasos injustificados. Entre los incumplimientos más graves se encuentran la falta de un saneamiento territorial completo, la ausencia de una delimitación física definitiva de las tierras y el estancamiento en el pago de las indemnizaciones correspondientes a las comunidades afectadas, lo que prolonga el sufrimiento de su población.
Asimismo, la Coonapip advierte que la carencia de una protección efectiva sobre estos territorios ancestrales continúa facilitando la ocupación ilegal por parte de terceros ajenos a las comarcas.
Esta vulnerabilidad propicia problemáticas ambientales críticas como la deforestación y la pérdida acelerada de biodiversidad, amenazando directamente la paz social y la supervivencia cultural de las comunidades indígenas que dependen de estos ecosistemas.
Ante este panorama, la organización manifestó un rechazo firme ante lo que califican como una profunda inacción e indiferencia estatal para cumplir con la totalidad del fallo internacional.
Como consecuencia, lanzaron una exigencia inmediata al Gobierno Nacional para que active mecanismos de reparación urgente, destine recursos presupuestarios adecuados y extraordinarios, y establezca un cronograma transparente orientado al saneamiento, la demarcación y la seguridad jurídica de los territorios.
Finalmente, la Coonapip advirtió que mantendrá un seguimiento activo sobre el caso, informando de manera permanente a la Corte IDH y a diversos organismos internacionales acerca del estado real de cumplimiento de estas garantías.
La dirigencia indígena concluyó reiterando que la tierra y el territorio no son bienes mercantiles, sino la base fundamental de su identidad, su gobernanza propia y su continuidad ancestral.
