El Gobierno argentino pidió hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que levante las medidas cautelares impuestas en la Penitenciaría Provincial de Mendoza en 2004, algo que rechazaron los representantes de los presos.
La audiencia tuvo lugar en Quito, donde hoy concluyó un período extraordinario de sesiones de la Corte.
Las medidas provisionales se adoptaron en 2004 para "proteger la vida e integridad personal de todas las personas privadas de la libertad", según un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos, después de que los demandantes demostraron que los prisioneros vivían en condiciones de hacinamiento e inseguridad.
Estas incluyeron mejoras de control, separación de los internos encausados y los condenados, y el pedido de que se realicen "investigaciones serias, completas y ágiles con relación a los actos de violencia" producidos en ese centro.
Durante la audiencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la entidad autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA) que envió el caso a la Corte, aclaró que es preciso evaluar aspectos como un plan de acción penitenciaria para determinar si se puede prescindir de las medidas.
Los jueces de la Corte cuestionaron a Argentina sobre si los guardas penitenciarios son capacitados en temas de derechos humanos, a lo que los representantes del Estado argentino respondieron que en este último año se incluyeron módulos exclusivos de capacitación sobre estas temáticas.
Sin embargo, para los abogados de los prisioneros la formación de los guardas es aún insuficiente y el personal penitenciario "sigue quejándose por sus funciones y porque la capacitación es escasa", dijo el letrado Carlos Varela.
Varela señaló además que este es "un desafío social más que jurídico" y que "por más cursos que haya, el sistema no mejorará si las condiciones de detención continúan siendo deplorables tanto para los presos como para los carceleros".
"Las ratas, los insectos, no distinguen las botas del carcelero de los pies de los presos", agregó Varela.
Por su parte, el juez Ventura Robles advirtió sobre la posibilidad de que las medidas provisionales puedan convertirse en permanentes, lo que desvirtuaría la decisión inicial de la Corte, pues el riesgo es que un "instrumento jurídico diseñado para atender una situación provisional se utilice en una situación permanente".
La Corte Interamericana de Derechos Humanos puede expedir medidas provisiones en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas.
Los representantes del Estado compartieron el criterio del juez y manifestaron que "este puede ser el caso de que una medida provisional se convierta en permanente".
Por ello, solicitaron que la Corte evalúe si actualmente se mantiene o no el escenario sobre el que se dispuso la imposición de las medidas provisionales.
Asimismo, Varela exhortó a la Corte a analizar la situación, ya que si toma una decisión a favor del Estado, "¿qué sentido tendrían las decisiones anteriores?", se preguntó, tras señalar que en la cárcel de Mendoza aún subsiste el hacinamiento.
La Comisión Interamericana señaló que a pesar de que las medidas se iniciaron en 2004, hasta hace un año todavía se registraban violaciones de los derechos humanos y "aún no es posible concluir que la situación se ha extinguido".
Finalmente, la Corte determinó que las partes entreguen más documentación sobre el caso hasta el próximo miércoles.
