El Gobierno argentino se mostró hoy optimista con miras al fallo que emitirá la Corte Internacional de Justicia de La Haya porque, consideró, que "quedó demostrada la violación de Uruguay" al instalar una papelera a la vera de un río que comparten ambos países.
"Argentina demostró la violación del Estatuto (del río Uruguay) por parte de Uruguay, y la influencia de la pastera en el ecosistema del río y las zonas adyacentes", sostuvo a periodistas la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti, quien encabeza la representación de este país ante el tribunal de La Haya.
La funcionaria dijo que Argentina espera con este fallo, que se conocerá el próximo 20 de abril, la "revalorización y el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay" porque "si cada país va a tomar decisiones basadas en la soberanía", ese curso fluvial "no tiene futuro".
El Gobierno argentino recurrió a La Haya en 2006 al considerar que el país vecino violó el estatuto de 1975 con la instalación de la fábrica de pasta celulosa de la finlandesa Botnia en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, a la vera del río.
Desde el 20 de noviembre de 2006 habitantes de la localidad argentina de Gualeguaychú, vecina a Fray Bentos, mantienen bloqueado el puente hacia esa ciudad, uno de los tres que unen a Argentina y Uruguay, en protesta por la supuesta actividad contaminante de la planta, que inició su producción en noviembre de 2007.
La instalación de la papelera desató una de las peores crisis entre los dos países rioplatenses.
"Al ver que el objetivo de Uruguay era no respetar el Estatuto y traer al río todas las empresas de celulosa, no quedó otra alternativa que presentar el caso ante la Corte de la Haya", explicó Cerutti.
La funcionaria, que viajará a La Haya para asistir a la lectura del fallo, indicó que en el tratado bilateral está especificado que "si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra parte tiene obligación de efectuar la consulta a la contraparte", en este caso Argentina.
Las audiencias públicas del caso se iniciaron el 14 de septiembre de 2009 y concluyeron el 2 de octubre de ese año, día en que el tribunal comenzó sus deliberaciones.
A fines de 2006 Uruguay también reclamó a la Corte de La Haya que hiciera uso de sus facultades para instar al Gobierno argentino a tomar todas las medidas "razonables y apropiadas" para impedir cualquier intento de frenar las comunicaciones por tierra entre los dos países.
En enero de 2007, la Corte respondió negativamente al pedido de Uruguay.
