El Estado de Arizona ha apelado la suspensión de la ejecución, programada para hoy, de un hombre condenado por homicidio por quien ha abogado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La jueza federal Roslyn Silver ordenó este lunes suspender la ejecución de Jeffrey Landrigan, con el argumento de que se necesita más tiempo para considerar el recurso de la defensa sobre las drogas que se usarán en la ejecución del reo, y que proceden de un fabricante no identificado.
La ejecución estaba programada para hoy a las 16.00 GMT, y los abogados de Landrigan argumentaron que el reo se asfixiará dolorosamente si el tiopentato de sodio no lo deja inconsciente antes de que se le administren otros compuestos que paralizan los músculos y detienen el corazón.
El viernes pasado la CIDH había pedido que se suspendiera la ejecución de Landrigan, condenado en junio de 1990 por el homicidio en 1989 de Chester Dean Dyer durante un robo en Phoenix.
Según la CIDH, Landrigan fue sentenciado en un juicio cuyo procedimiento requería que la pena capital la impusiera un juez de primera instancia, y no el jurado como ocurrió.
En Estados Unidos se registra una escasez del tiopentanto de sodio, un agente anestésico que los veterinarios usan habitualmente para dar muerte a animales domésticos.
El compuesto es uno de los tres que se usan en los 36 estados donde se aplica la pena de muerte, para la ejecución por inyección letal.
La jueza Silver ordenó al Departamento de Penitenciaría y a la Fiscalía General de Arizona que provean de inmediato la información que ella solicitó el sábado pasado acerca de la procedencia del tiopentanto de sodio que iba a usarse en la ejecución de Landrigan.
