La policía brasileña arrestó hoy a tres bolivianos por emplear a doce compatriotas, algunos de su propia familia, en condiciones análogas a la esclavitud, informaron hoy fuentes oficiales.
La banda poseía tres talleres clandestinos de confección en apartamentos del centro de Sao Paulo donde los bolivianos eran obligados a vivir y a trabajar en largas jornadas de hasta 17 horas por día, según detalló la Secretaría de Seguridad de la ciudad.
Entre los liberados por la policía se encontraba un menor de 17 años de edad y varios familiares de los tres detenidos, según explicó en una rueda de prensa la comisaria María Helena Tomita, de la unidad especializada en derecho laboral de la policía civil de Sao Paulo.
Los trabajadores recibían 50 centavos de real (unos 28 centavos de dólar) por cada prenda confeccionada, lo que les rendía un salario mensual cercano a 150 reales (unos 85 dólares), según su relato.
El salario mínimo en Brasil asciende a 510 reales mensuales (unos 289 dólares), un valor que es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia, según denuncian constantemente los sindicatos.
Algunos de los empleados fueron captados en Bolivia por sus propios familiares, con la promesa de tener vivienda, alojamiento y un salario mejor.
"Los acusados van a responder al artículo 149 (del código penal), que trata de someter a la persona a condición análoga a la de un esclavo. Es evidente la coerción de libertad y que cumplían una jornada exhaustiva de trabajo. La pena prevista es de dos a ocho años de prisión", afirmó la comisaria.
Tomita aseguró que algunos de los bolivianos liberados ya habían conseguido un permiso de residencia en un proceso de regularización de inmigrantes irregulares que promovió el Gobierno brasileño el año pasado.
Con ese permiso, el inmigrante tiene derecho a trabajar de forma legal, así como al acceso a todos los derechos básicos y sociales y, además, abre la posibilidad de solicitar la concesión de derechos políticos y derechos plenos de ciudadanía a partir de dos años.
La regularización benefició a 41.816 extranjeros procedentes de 130 países, entre ellos, a 16.881 bolivianos, mayor grupo de inmigrantes irregulares en el país.
Para solicitar el beneficio, los inmigrantes tan solo tenían que demostrar que vivían en el país desde antes de febrero de 2008.
