Los periodistas que informan la verdad de los hechos que ocurren en sus respectivos países se exponen a perder su libertad e incluso la vida. En América Latina decir la verdad se ha convertido en muchos de los casos en una sentencia de muerte o de cárcel.
Al celebrarse mañana el Día Mundial de la Libertad de Prensa creemos oportuno mencionar los casos de comunicadores sociales que han sido asesinados, encarcelados, atacados y acosados por las autoridades, mafias, narcotraficantes y demás.
Hechos que van en claro detrimento de la libertad de expresión que debe existir tal como se promulga en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Declaración de Chapultepec de 1994.
MEXICO
En este país de América del Norte muchos han sido los periodistas que han visto cercenada su libertad y su vida.
A finales de 1997 fue asesinado el periodista Margarito Morales Ramírez, crimen que fue calificado como "político".
Al director de El Nuevo Zitlán le dispararon por la espalda y se desconocen las causas y autores de este hecho perpetrado en Cocula, Jalisco.
Según las estadísticas de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en ese momento el asesinato de Morales sumaba la muerte violenta número 22 de informadores.
Morales Ramírez desempeñó altos cargos por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a nivel municipal y estatal, y fue testigo de cargo en el juicio en contra del ex presidente municipal de Cocula, José Luis Facundo Guerrero, quien militaba en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
A Facundo Guerrero el gobierno del PRD en el municipio de Cocula le embargó una finca por irregularidades detectadas en la posesión de la propiedad.
En ese mismo año fueron asesinados también los periodistas: Jesús Angel Bueno, Benjamín Flores y José Hernández.
Por su parte, Jesús Blancornelas, salvó su vida milagrosamente el 27 de noviembre de 1997. El codirector del semanario Zeta fue herido de gravedad cuando fue emboscado por 10 pistoleros cuando viajaba en su vehículo.
En una revista de la SIP, Blancornelas, narró que su auto recibió más de 180 impactos, que su chofer Luis Valero Elizalde fue muerto por 38 balazos y que él se salvó de recibir solamente cuatro balas porque Valero lo cubrió con su cuerpo. Agrega que perdió casi cuatro litros de sangre y que le salvaron luego de dos operaciones.
Según el periodista los motivos del ataque fueron el que publicara durante tres semanas previas al tiroteo la identidad de dos narcotraficantes; descubrir quién asesinó a policías federales y difundir la carta de una madre que perdió a dos de sus hijos asesinados por la mafia.
Otro caso que podemos mencionar es el del reportero del diario La Tarde, Luis García Rodríguez, quien fue muerto el 12 de febrero de 1998. García en diversas oportunidades dio a conocer la corrupción gubernamental, y pocos antes de su crimen había hecho un reportaje sobre presuntos lazos entre abogados estatales y narcotraficantes y por esto fue interrogado sobre sus fuentes de información.
En tanto, el 23 de octubre del mismo año, Claudio Cortés García, periodista que trabajaba para: Le Monde Diplomatique, Reforma, El Financiero y la revista La Crisis fue hallado muerto luego de desaparecer por tres días. Las autoridades dijeron que fue estrangulado.
En su auto fue encontrado sin vida, el 25 de octubre del año pasado, el reportero y portavoz de la Secretaría de Desarrollo Social en Chihuahua, Fernando Martínez Ochoa. Mientras que Pedro Valle Hernández, periodista que laboraba en una estación de televisión fue asesinado a tiros en la ciudad de Zihuatanejo el 29 de octubre de 1998.
Por su parte, el codirector del semanario Zeta, Jesús Blancornelas, fue herido de gravedad el 27 de noviembre de ese año.
Un caso más de la evidente situación que se vive en la nación mexicana es la intimidación reciente contra el director del diario de Yucatán, Carlos Menéndez Navarrete, a quien la Procuraduría General de Justicia de Yucatán amenazó con el uso de la fuerza pública para obligarlo a rendir declaración.
En mayo del año pasado se presentó una demanda contra el diario por la publicación de una nota, en cuyo título se llamaba a votar por los tres principales candidatos y no se incluyó al representante de uno de los partidos políticos que también participó en la contienda.
Sobre estos hechos y otros más la SIP ha manifestado su preocupación y reclamado el esclarecimiento de los crímenes cometidos contra periodistas en México.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Danilo Arbilla, dijo que es preocupante la vulnerabilidad de los periodistas en México e instó a las autoridades a investigar los crímenes que ponen en tela de juicio la capacidad de la prensa para ejercer su labor sin sentirse amenazada por la violencia.
GUATEMALA
En este país centroamericano el año pasado se hicieron denuncias de hostigamiento de parte del gobierno contra la prensa independiente.
En carta dirigida hoy al presidente de Guatemala, Alvaro Arzú, el titular de la Comisión de Libertad de Prensa, Danilo Arbilla, manifestó su preocupación de que
dicha campaña produzca el cierre definitivo de la revista Crónica y afecte a otros medios como a El Periódico.
Las denuncias señalaban al gobierno como responsable de negar a los periodistas el derecho de acceso a la información oficial, el cese del otorgamiento de publicidad oficial y la presión a los anunciantes privados para que no contraten espacio publicitario.
EL SALVADOR
Gremios y asociaciones internacionales y de El Salvador piden que el crimen de la locutora y presentadora de noticias Lorena Saravia sea esclarecido.
El cuerpo de la periodista fue encontrado en un sector de la finca Buena Vista, en las estribaciones del volcán de San Salvador, con señales evidentes de violencia, según los informes policiales.
COSTA RICA
En marzo de 1998 la SIP censuró al gobernante de Costa Rica, José María
Figueres, por la "posición beligerante" que adoptó al ser testigo en un juicio contra el diario La Nación. El organismo internacional señaló que el presidente puso en peligro la independencia de los poderes del Estado.
En una misiva enviada al mandatario costarricense, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Danilo Arbilla, manifestó la preocupación de la entidad por el fallo judicial, que condenó al diario y a dos de sus periodistas por el delito de "injurias por la prensa".
La querella contra La Nación y los dos redactores fue interpuesta por el abogado Juan Diego Castro, que ocupó los cargos de ministro de Seguridad Pública y de Justicia. Castro consideró que fue injuriado y calumniado en algunas informaciones del diario.
Por otra parte, la SIP, también el año pasado, dio a conocer su alarma ante los métodos intimidatorios y violatorios a la libertad de prensa, utilizados por la Asamblea Legislativa de Costa Rica al interpelar a tres periodistas del diario La Nación en torno al contenido de un artículo.
El 11 de junio del año pasado la Comisión Permanente Especial de Narcotráfico de la
Asamblea Legislativa citó al director de La Nación, Eduardo Ulibarri y a los periodistas Berlioth Herrera y Giannina Segnini, para ser interrogados sobre la publicación de un reportaje, al tiempo que solicitó al diario las grabaciones de entrevistas y la documentación sobre los que se basó el artículo periodístico.
En el mismo se revelaron vínculos comerciales entre un líder del cartel de Cali y un
ciudadano colombiano, accionista de una empresa donde el actual presidente del
órgano legislativo, Luis Fishman, también tuvo participación.
En una carta enviada a Fishman, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Danilo Arbilla, destacó que "resulta extraño que se haya interrogado al director de La Nación y a los periodistas bajo normas de procedimiento penal y con vigilancia en un recinto legislativo, cuando no se les ha acusado de delito alguno, en cuyo caso este asunto debería corresponder a los tribunales ordinarios de justicia".
CUBA
La SIP en misivas enviadas al presidente cubano, Fidel Castro ha pedido saber de los siguientes casos: El del periodista Lorenzo Páez Núñez, del Buró de Prensa Independiente de Cuba, quien fue encarcelado en julio de 1997.
Páez fue sentenciado a 18 meses de cárcel por difamación de la Policía Nacional. El fue detenido luego de un informe sobre un oficial de policía que presuntamente había matado a un joven durante la fiesta de la cosecha en Pinar del Río.
El periodista fue inculpado después de un juicio en el que no se le permitió tener asesoramiento legal.
También se pidió saber de Bernardo Arévalo Padrón, de Línea Sur 3. El fue puesto en prisión el 18 de noviembre de 1997.
El 31 de octubre de ese año, Arévalo fue condenado a seis años de prisión por la Cámara Provincial del Tribunal de Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos. Se le acusó de "falta de respeto" hacia el presidente Fidel Castro y Carlos Lage, un miembro del Consejo de Estado cubano.
El motivo de la acusación fue una noticia publicada por Arévalo sobre los privilegios de los funcionarios. Declaró que un helicóptero transportaba carne a La Habana desde una granja en Aguada de Pasajeros, cuyos habitantes carecían de comida suficiente.
Actualmente cumple su pena en la cárcel de Ariza en Cienfuegos, donde comparte una celda con presos comunes. El Tribunal de Aguada de Pasajeros rechazó el 28 de noviembre una petición de Arévalo para que se revisara su caso.
Juan Carlos Recio Martínez, de CubaPress, fue encarcelado el 15 de junio de 1998.
Las autoridades detuvieron al corresponsal Recio Martínez en la provincia de Villa Clara, luego de un incidente ocurrido en 1997, y lo acusaron de cometer "actos contrarios a la seguridad estatal". Fue condenado el 6 de febrero de 1998 a un año de trabajos correccionales.
En tanto, Manuel Antonio González Castellanos, de CubaPress fue apresado el 1 de octubre de 1998.
Fue detenido y acusado de desacato en San Germán, provincia de Holguín, por agentes de Seguridad Estatal. Su arresto ocurrió a raíz de unos comentarios críticos contra Fidel Castro que hizo a agentes de Seguridad Estatal que lo habían insultado en la calle.
Mientras que Jesús Joel Díaz Hernández, de la Asociación de Periodistas Independientes y director ejecutivo de la Cooperativa Avileña de Periodistas Independientes, perdió su libertad el 18 de enero del presente año.
Díaz fue juzgado al día siguiente y condenado a cuatro años de prisión por actuar en "clara contradicción con las normas de moral socialista". Aunque no se tienen más detalles sobre su arresto, se teme que esté relacionado con sus actividades periodísticas.
Tenemos que en septiembre de 1998 la SIP protestó ante el gobierno cubano por los
arrestos y el acoso ejercidos contra varios periodistas independientes de esa isla.
En un comunicado se reflejan algunos incidentes registrados contra los periodistas María de los Angeles González, Luis López Prendes y Ofelia Nardo Cruz, quienes fueron detenidos por miembros de la Seguridad del Estado el 7 de septiembre y liberados al día siguiente.
La SIP presume que las detenciones están relacionadas con las informaciones de esos periodistas sobre los preparativos del día de la Virgen de la Caridad del Cobre, y por informar sobre una manifestación realizada frente a un tribunal de La Habana en protesta por la sentencia otorgada a un dirigente opositor del Gobierno.
Sobre las leyes de Cuba la SIP en febrero del presente año dijo que la nueva Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, aprobada por el parlamento de ese país, "cercena la libertad de prensa y de opinión".
PUERTO RICO
En diciembre de 1997 el diario El Nuevo Día y la empresa Puerto Rican Cement presentaron una demanda en el Tribunal Federal de EU en San Juan contra el gobernador de la isla, Pedro Rosselló, en la que denuncian al Gobierno de violar la libertad de prensa y sus derechos civiles.
El presidente y editor de El Nuevo Día, Antonio Luis Ferré, expresó que desde el 14 de abril de este año, El Nuevo Día ha estado sujeto a una campaña sistemática de la
administración Rosselló para obstaculizar el acceso de nuestros reporteros a las noticias relacionadas a la gestión gubernamental.
Desde abril pasado, la gerencia de El Nuevo Día sostiene que el gobernador ordenó la cancelación de todos los mensajes publicitarios gubernamentales por estar molesto con la línea editorial del periódico.
El editor de El Nuevo Día sostuvo que el periódico pierde medio millón de dólares al mes (seis millones de dólares al año) por la cancelación de los mensajes publicitarios del Gobierno.
Luego de una visita a la isla caribeña, una delegación internacional de la SIP determinó que el gobierno de Puerto Rico lesiona la libertad de prensa al discriminar a los medios de comunicación en el otorgamiento de publicidad oficial y al limitar el libre acceso a la información oficial. La visita se debió a la denuncia interpuesta ante la SIP por el diario El Nuevo Día.
También se recibieron denuncias sobre las presiones que reciben los periodistas, las que afectan el desarrollo de su labor, ya sea por ser hostigados o porque se les cierran las puertas para obtener libre acceso a la información.
Por su parte, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Roselló pidió a la SIP que rectificara la condena de que fue objeto su gobierno de parte de la entidad, por sus acciones contra la libertad de prensa. El funcionario atacó a la SIP y la acusó de determinar que en Puerto Rico existe un ataque a la libertad de prensa "de manera unilateral y sin escuchar sino a una sola de las partes".
COLOMBIA
La SIP ha expresado su consternación por la falta de seguridad y el clima de incertidumbre que enfrentan los periodistas en Colombia para el ejercicio de la profesión.
El periodista Didier Aristizábal, de 32 años, fue asesinado el 2 de marzo de 1998 en la ciudad de Cali. Dos sicarios le asestaron nueve disparos desde una motocicleta.
Aunque se desconocen las causas del crimen, se presume que el hecho fue en represalia a que el periodista, experto en medios radiales, estaba ayudando a la policía de Cali a montar una radio FM.
En el vecino país fue muertos a tiros el periodista de El Espectador, Oscar García Calderón, el 22 de febrero de 1998, cuando abandonaba las oficinas del en donde trabajaba como especialista en tauromaquia.
Sus colegas creen que el crimen tienen que ver con su trabajo de investigación sobre los vínculos entre la mafia y las corridas de toros.
Mientras que Nelson Carvajal Carvajal, productor de Radio Sur en Pitalito, fue asesinado por pistoleros cuando salía el 16 de abril del año pasado de la escuela donde trabajaba como docente.
Carvajal hizo varias denuncias en sus programas de radio sobre la corrupción del gobierno local.
El 19 de mayo de ese mismo año Bernabé Cortés Valderramar, reportero del programa Noticias CVN, fue impactado por las balas mientras se transportaba en un taxi por Cali.
El periodista cubría informaciones del sector militar, de la policía y crónica judicial. De acuerdo a sus colegas en los trabajos más recientes abordó los intentos de pláticas de paz entre el gobierno y la guerrilla que opera en la zona.
Danilo Arbilla, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, calificó el asesinato de Cortés como una "burla a la libertad de prensa por cuanto éste ocurrió cuando se celebraba en Colombia una jornada nacional por la paz".
Las periodistas mujeres no escapan a la violencia, Amparo Jiménez Pallares fue asesinada el 11 de agosto de 1998.
Ella trabajaba como reportera para los canales de TV QAP y En Vivo poco antes de su muerte. Jiménez recibió tres balas en la cabeza cuando acompaña a su hijo a la escuela. Las investigaciones han señalado que su muerte fue en represalia por haber difundido una nota en la que incriminaba a un expolítico en una campaña de terror contra los campesinos.
El director de la revista Panorama, Nelson Arturo Guapacha, fue asesinado en Tulúa, población cercana a Cali, el 15 de octubre del año pasado. El motivo del crimen se desconoce, según informes de la SIP.
Arbilla también manifestó su preocupación por las amenazas recibidas por Pablo Hiriart, director del diario La Crónica de Hoy, de ciudad de México, quien denunció ante la Sociedad que desconocidos lo conminaron a dejar de publicar asuntos sobre violación a los derechos humanos y sobre casos registrados en la policía del Distrito Federal.
En abril del año pasado reclamó la liberación inmediata de los periodistas colombianos secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Nueve periodistas, reporteros, camarógrafos y auxiliares de varios telenoticieros colombianos, fueron secuestrados por el grupo guerrillero. Los periodistas habían sido invitados a presenciar en San Pablo, departamento de Bolívar, la liberación de cuatro personas secuestradas anteriormente por la guerrilla.
Otros comunicadores sociales asesinados en Colombia fueron: Alejandro Jaramillo, subdirector del Diario del Sur; Francisco Castro Menco, periodista y presidente de la radio Fundación Cultural Majagual; Jairo Elías Márquez, director de la revista El Marqués; Oscar García Calderón, cronista taurino de El Espectador.
Por otro lado en octubre del año pasado la SIP puso en tela de juicio la libertad de información y expresión que existe en Colombia.
La postura se debió a la sanción gubernamental impuesta a la Cadena Radial Colombiana (CARACOL) que fue sancionada con la suspensión de transmisiones durante tres días por los comentarios políticos hechos durante la narración de un partido de fútbol por uno de sus locutores deportivos durante la pasada campaña presidencial.
BRASIL
El director y editor de A Regiao, quien era conocido por sus reportajes críticos contra la corrupción en la zona sur de Bahia, Manuel Leal de Oliveira, fue muerto a balazos el 14 de enero del año pasado, luego de ser seguido por un grupo de individuos no identificados.
En tanto, el 10 de marzo de 1998 fue asesinado por tres individuos el presentador del informativo televisivo Ouro Verde, José Carlos Mesquita. Aunque no hay pruebas sobre el móvil, muchos de sus colegas piensan que su muerte ocurrió a causa de sus reportajes en los que frecuentemente criticaba a dirigentes gubernamentales y del sector empresarial.
PARAGUAY
Hace tres años, específicamente en marzo de 1996, la SIP denunció el asesinato del periodista paraguayo, Santiago Leguizamón, quien escribió varios artículos sobre casos de corrupción y narcotráfico.
Leguizamón, propietario de Radio Maracayu y corresponsal de Radio Nandutí y del diario Noticias de Asunción, fue asesinado en Paraguay por sujetos desconocidos.
En varias ocasiones había sido amenazado de muerte por sus denuncias de corrupción y narcotráfico.
En tanto, este año el diarioLa Nación denunció ante la Sociedad Interamericana de Prensa un "ataque contra la libertad" por el procesamiento del director de ese medio paraguayo y otros periodistas.
El director ejecutivo del periódico, Alejandro Domínguez, indicó mediante un documento que el proceso judicial se debe a la postura sostenida por la publicación sobre la "realidad política nacional".
Un juez de crimen ordenó el procesamiento de Osvaldo Domínguez, director de La Nación; Alberto Vargas Peña, columnista del mismo medio; Raúl Melamed, locutor de la radioemisora Montecarlo y Juan Carlos Bernabé, director de radio Nanawa
PERU
Un caso trágico ocurrido en este país sureño fue la muerte de los periodistas Isabel Chumpitaz Panta y José Amaya Jacinto, el 6 de abril del año pasado.
La pareja de esposos que laboraba en Radio Satélite fue asesinada por una banda de hombres armados que entraron en su residencia ubicada en La Unión amparándose por la oscuridad de noche.
Cabe señalar, que el hermano de Chumpitaz fue acuchillado, su madre golpeada y su hermana casi fue violada en el ataque.
En tanto, Hermes Rivera Guerrero fue apresado el 8 de mayo de 1992, cuando era reportero de Radio Oriental. Rivera fue condenado el 13 de mayo de 1994 a 20 años de prisión por presunta actividad terrorista. En septiembre de 1995, la Corte Suprema revocó la pena y ordenó un nuevo juicio. Actualmente no se sabe de su situación.
Cabe señalar, que en julio de 1997 el presidente Alberto Fujimori, manifestó que las personas que han sido responsables de los ataques a periodistas en ese papís son delincuentes comunes.
Las declaraciones del mandatario dadas a un delegado de la Sociedad Interamericana de Prensa, se debieron a que periodistas de medios locales de línea opositora, como
el diario La República, habían denunciado atentados contra su integridad que presuntamente habrían sido realizados por agentes encubiertos de las fuerzas de seguridad.
Mientras que en febrero pasado una misión del más alto nivel de la Sociedad Interamericana de Prensa realizó una visita de constatación de hasta media docena de expedientes de acoso del Estado contra empresarios y periodistas contrarios al gobierno. Nunca antes la SIP había enviado una misión de tal alto nivel en los últimos tiempos.
URUGUAY
Dos periodistas fueron liberados en junio de 1996 luego de dos semanas de encarcelamiento por haber sido acusados de atentar contra el honor del presidente Juan Carlos Wasmosy, tras denunciar presuntos actos de corrupción del mandatario.
El director y el redactor responsable del matutino uruguayo La República, los hermanos Federico y Carlos Fasano, fueron excarcelados luego que el tribunal entendiera que el delito que se les imputa no admite la prisión preventiva de los procesados hasta que se dicte sentencia definitiva.
El encarcelamiento de Federico y Carlos Fasano provocó una intensa polémica en medios políticos y periodísticos locales y del extranjero, que cuestionaron la aplicación de un viejo artículo del Código Penal, al que calificaron como un obstáculo para la libertad de prensa y de expresión.
Los responsables de La República fueron condenados por publicar información que
involucró al presidente Wasmosy en supuestos hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito, que se habrían cometido durante las obras de construcción de la represa binacional de Yaciretá, la central hidroeléctrica más grande de América Latina y que es administrada en forma conjunta por Paraguay y Brasil.
Federico Fasano aseguró que los hechos denunciados están sustentados en pruebas irrefutables, pero que no tuvo oportunidad de presentarlas ante la justicia para demostrar la veracidad de sus publicaciones.
Mientras que en marzo de este año, la SIP planteó al ministro del Interior de Uruguay, Luis Hierro López, su inquietud por un presunto espionaje al cual habrían sido sometidos periodistas uruguayos.
Una conversación entre el abogado de la SIP Jairo Lanao, quien se encontraba de gira por la región, y el presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Juan Carlos Otormin, habría sido grabada mediante micrófonos clandestinos o de captura a larga distancia, o bien por medio de intervención de teléfonos celulares.
ARGENTINA
Por denunciar la corrupción existente en la administración pública argentina el periodista Santiago Pinetta fue atacado en agosto de 1996 por desconocidos que le grabaron en el pecho con un punzón las siglas de IBM.
De acuerdo con la prensa internacional, Pinetta, quien denunció un caso de corrupción en un contrato por 250 millones entre el mayor banco estatal argentino y la empresa IBM.
Pinetta autor del libro La nación robada, publicado en 1994, en el que hace varias denuncias de corrupción en la administración pública, fue agredido por cuatro personas que lo interceptaron en una avenida de Buenos Aires.
Ese mismo año, pero en el mes de noviembre, la Corte Suprema de Argentina absolvió al periodista Joaquín Morales Solá, quien había sido condenado a tres meses de prisión por una cámara del crimen.
Morales Solá había sido demandado por un ex funcionario del gobierno de Raúl Alfonsín, porque en su libro Asalto a la ilusión decía que el ex presidente había pretendido sacarle el uniforme al regimiento de Granaderos, un cuerpo de caballería encargado de la custodia presidencial.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Danilo Arbilla, afirmó que "este fallo, adoptado además por unanimidad de los miembros de la Corte, sienta un valioso e indiscutible precedente para la libertad de los periodistas y su tarea de informar.
En agosto de 1998 la SIP rechazó un proyecto de ley que se discute en Argentina dirigido a imponer la generalización del impuesto al valor agregado para los medios de comunicación
El organismos dijo que el proyecto en Argentina aumentará la presión fiscal sobre los medios de comunicación y tendrá una víctima directa en la prensa independiente, especialmente pequeñas y medianas empresas periodísticas.
En tanto, en octubre de 1998, la SIP protestó por la detención en Argentina de los periodistas Emilio Petcoff, Enrique Sdrech y Mario Sacchi, de Canal 13 de Buenos Aires cuando hacían una investigación en la provincia de Misiones. La SIP, en comunicado emitido desde su sede en Miami, dijo que la detención de, constituía un atentado contra la libertad de prensa.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Danilo Arbilla, dijo en carta enviada al ministro del Interior de Argentina, Carlos Corach, que "este tipo de acción, arbitraria y abusiva, mella la capacidad de los periodistas en su país de realizar una labor profesional libre y sin cortapisas, requisito esencial para la salud de la libertad de prensa y, en última instancia, de la democracia".
