El ex marino argentino Alfredo Astiz acusó hoy al ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) de haber llevado adelante "un golpe de Estado en la Corte Suprema" y dijo que su procesamiento le causa "hastío y repugnancia".
Al declarar en el juicio que se le sigue por delitos de lesa humanidad cometidos en la principal cárcel clandestina de la última dictadura (1976-1983), Astiz negó los crímenes que se le imputan y se proclamó "democrático y profundamente republicano", informaron fuentes judiciales.
Además, reivindicó "la lucha contra el terrorismo" que, dijo, "apoyado por Cuba y la Unión Soviética buscaba tomar el poder a través de la violencia".
El llamado "Ángel de la muerte" también aseguró que renunciaba a defenderse por considerar que el tribunal que lo enjuicia es una "comisión especial de facto" que "ya tiene la sentencia firmada".
"Lo que buscan (los jueces) no es la justicia sino la venganza y el martirio. Deberán hacerse cargo cuando vuelvan a funcionar las instituciones de la República", advirtió antes de considerar que los tribunales están "subordinados" al poder de turno.
Alfredo Astiz y otros 18 represores están sentados desde diciembre último en el banquillo de los acusados del Tribunal Oral Federal 5, que los juzga por al menos 85 delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por la que se calcula que pasaron unos 5.000 detenidos de forma ilegal.
Entre esos delitos se ventilan el secuestro y la desaparición de las fundadoras de las Madres Plaza de Mayo Esther Ballestrino de Careaga, Azucena Villaflor y María Ponce, así como los del periodista Rodolfo Walsh y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.
Instruida por el juez Sergio Torres, la de la ESMA es una de las "megacausas" que se reabrieron en Argentina tras la derogación parlamentaria en 2003 de las "leyes del perdón", que libraron de responsabilidad a más de un millar de represores y que en 2005 también fueron declaradas nulas por la Corte Suprema.
Unas 18.000 personas desaparecieron en Argentina durante la última dictadura, según cifras oficiales, aunque los organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000.
