Muchos panameños que optan por una casa nueva vivieron y aún viven en medio de la incertidumbre debido al "limbo jurídico" en que está la Ley de Intereses Preferenciales, mientras no sea aprobada en tercer debate por la Asamblea Legislativa y sancionada por el presidente de la República.
Miles de trámites para préstamos hipotecarios que se realizan en las diferentes entidades bancarias del país han sido paralizada hasta que se conozca por completo qué pasará con la ley que tiene carácter social, la que beneficia a las personas de clase media baja y media.
Para conocer la situación vivida por estas entidades tratamos de contactar a diversos bancos estatales y privados, dos de ellos nos concedieron entrevistas para hablar del tema: el vicepresidente general del Banco General, Raúl Alemán y el gerente ejecutivo de banca del consumidor del Banco del Istmo, José Thaylor.
Primeramente, Raúl Alemán dijo que el banco que representa confiado de que la ley sería prorrogada (la entrevista se efectuó antes de ser aprobada en segundo debate) decidió desembolsar los pagos a las promotoras.
El también gerente general manifestó que el "limbo jurídico" sí ha causado molestias, sobre todo a los promotores que no sabían con qué interés debían calificar los créditos, igualmente los clientes están confundidos, agregó.
Aseguró que la Ley, que nació en busca de justicia social, es beneficiosa para los panameños de clase baja y media, quienes tienen la oportunidad de optar por una residencia decorosa y digna que les permitirá una mejor calidad de vida.
Este beneficio lo usan aquellos ciudadanos que no presentan declaración de renta ante el fisco, que son la mayoría de los asalariados de este país a quienes se les descuenta el impuesto sobre la renta directamente de su salario quincenal, expresó.
Estas personas que no presentan declaración sobre la renta tienen gracias a la Ley de Intereses Preferenciales la posibilidad de tener una tasa de interés menor a la que paga el individuo que hace su declaración anualmente, deduciendo de la misma los impuestos hipotecarios y le pide al fisco un crédito fiscal, o sea que el Gobierno debe reembolsarle los intereses pagados al banco.
El cliente que recibe intereses preferenciales al comprar una vivienda valorada entre B/.25 mil y B/.62 mil 500 recibe una rebaja en sus intereses hipotecarios. Por ejemplo si se compra una casa con X costo no se le cobra el 9.75% de interés como se haría originalmente, sino que puede pagar hasta un 5% y la diferencia será pagada por el gobierno al banco que le dio el préstamo.
El vicepresidente ejecutivo del Banco General manifestó que es importante divorciar el tema del que la legislación beneficia a los bancos directamente. Esto no es así, dijo Alemán, quien agregó que si hay algún beneficio es que se genera más actividad económica.
Indicó que los famosos B/.12 millones que se mencionan como el costo que debe enfrentar el Estado por esta Ley no es nada si se compara con los beneficios que genera. Las entidades bancarias no tienen ventajas fiscales, aseguró; al tiempo que aclaró que ellos (los bancos) reciben el pago de parte del fisco un año después, mientras que ellos cobran mensualmente los intereses del préstamo hipotecario a sus clientes.
No es que el banco va a pagar más o menos impuestos con la Ley de Intereses Preferenciales, esto no tiene nada que ver con el impuesto que paga el banco, manifestó. La diferencia de intereses que hay entre lo que la entidad bancaria le cobra al cliente y lo que le da el fisco mediante el crédito fiscal, los bancos los ingresan como renta gravable en sus declaraciones de renta, es decir que paga impuesto sobre estas cantidades.
Según el banquero la discusión del asunto está en decidir cuál será el tope del precio de venta para las casas que califican dentro de este sistema. En la actualidad es de B/.62,500, pero el Ejecutivo ha mencionado dejarlo en B/.25 mil, lo que ocasionaría que los panameños desmejoren su calidad de vida al no poder calificar por una vivienda mejor, expresó.
Alemán hizo énfasis en que debe analizarse con mucho cuidado cuál es el tope que beneficia a la mayoría, o sea la clase de bajos y medianos recursos.
También debe estudiarse hasta dónde le conviene a una persona optar por los intereses preferenciales o por la declaración de impuestos sobre la renta que se hace anualmente.
Manifestó que el banco tiene una cartera superior a los B/.180 millones que ha sido beneficiada con esta Ley.
El vicepresidente ejecutivo del Banco General aseguró que si la Ley no existiera lo más probable es que hubiera menos actividad económica, menos construcción y más personas pidiéndole al Ministerio de Hacienda que le deduzca de su declaración de renta el crédito fiscal por los intereses que han pagado en sus préstamos hipotecarios (como hace el resto de la población que no tiene acceso a los intereses preferenciales), hecho que no le convendría al gobierno, que quedaría pagando más de los B/.12 millones de los que tanto se ha hablado.
HAY MAS SEGURIDAD
Por su parte, el gerente general de banca del consumidor del Banco del Istmo, José Thaylor, dijo a
