El Gobierno del presidente Evo Morales afirmó hoy que no pagará a los socios extranjeros y bolivianos de tres generadoras eléctricas nacionalizadas ni un centavo más que la suma fijada en una valuación externa que puede llegar en conjunto a 50 millones de dólares.
El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, y la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, se refirieron hoy al tema por separado al comentar los reclamos y demandas de las casas matrices de las firmas expropiadas y los gobiernos de Francia y Reino Unido.
"Nuestra valuación, hecha no por el Gobierno, sino por una empresa externa de alto prestigio, nos marcaba un precio de las acciones y las empresas dueñas de esas acciones que querían el doble o el triple. Imposible. Nosotros no podemos pagar un solo centavo más allá de lo que una valuación externa y seria nos permite", dijo García Linera.
Si bien el vicepresidente no citó una cifra, Caro dijo horas antes que un estudio de las acciones nacionalizadas en las tres firmas establece un precio de 50 millones de dólares en total, cantidad "sujeta a revisión y a información que presenten las tres empresas".
No obstante, la nacionalizada Guaracachi, participada en un 50 por ciento por la británica Rurelec, ha afirmado que sólo en los últimos cuatro años (lo que lleva Morales gobernando) ha invertido "más de 110 millones de dólares en nueva capacidad" de generación en su planta boliviana.
Las otra generadora nacionalizada el pasado sábado es Corani, cuya mitad pertenecía a Ecoenergy International, subsidiaria de la francesa GDF Suez, firma que, a su vez, tiene como socio al Estado francés.
La tercera es Valle Hermoso, en la que un 50 por ciento pertenecía a The Bolivian Generating Group, de la firma Panamerican de Bolivia, que tiene inversionistas extranjeros.
García Linera atribuyó a la "intransigencia" de los socios de las empresas el que no se haya podido llegar a un acuerdo para negociar el precio de las acciones.
"Se avanzaba, ellos retrocedían", apuntó, y sostuvo que las empresas expropiadas no pueden decir que "hubo una acción desprevenida" porque se negoció durante los ocho meses con cada una de ellas.
"Como Gobierno estamos dispuestos a reiniciar el diálogo, pero tienen que saber que el dinero que va a pagar el Estado siempre va estar basado en una valuación externa (...) Tenemos un tope. Si uno paga un centavo más allá de la valuación, (va a) juicio", sostuvo Linera.
De su parte, Caro aseguró que con la valoración de las acciones de las empresas se va "a proceder con el reconocimiento justo de las mismas" y opinó que las compañías extranjeras afectadas sólo plantearán un proceso de arbitraje si finalmente no hay un acuerdo económico.
La nacionalización de las eléctricas Corani y Guaracachi ha causado protestas de sus casas matrices y de los gobiernos de Reino Unido y Francia, sobre todo por la forma como se produjo la intervención, con tomas militares, policiales y de la fiscalía el pasado 1 de mayo
GDF Suez afirmó que respeta la decisión de Bolivia sobre Corani, pero anunció que "defenderá sus intereses" a la hora de determinar las indemnizaciones.
El Gobierno francés, accionista de GDF Suez con el 35,7 por ciento, también pide una indemnización rápida y "adecuada".
Rurelec calificó de "sorprendente" la medida, "pese a las garantías dadas a los embajadores británico y francés de La Paz" en días anteriores a la nacionalización.
El embajador británico en Bolivia, Nigel Baker, expresó a la prensa su "decepción" por la nacionalización y la forma en que se llevo a cabo, después de que en una reunión ministerial le asegurarán que "las inversiones europeas, incluyendo las británicas, eran tanto bienvenidas como requeridas".
Desde enero de 2006, cuando llegó al poder con una alianza de movimientos izquierdistas, populistas e indigenistas, Morales ha estatizado o expropiado 13 empresas, incluyendo las últimas cuatro eléctricas del 1 de mayo.
