La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) prevé invertir 140,5 millones de dólares este año en proyectos para el transporte de gas y combustibles líquidos, informó hoy una fuente empresarial.
YPFB Transporte, subsidiaria de la estatal YPFB, dijo en un comunicado que esa cifra será invertida en proyectos "fundamentales" para garantizar la provisión interna de hidrocarburos y cumplir los compromisos del país con los mercados externos.
El presidente de YPFB Transporte, Cyro Camacho, destacó que la gestión 2009 fue positiva para la empresa, que invirtió 90 millones de dólares en proyectos para el desarrollo de mercados.
Entre los planes ejecutados están los avances en la construcción de un gasoducto de 250 kilómetros entre la ciudad de Cochabamba (centro) y la localidad de Carrasco, situada en el trópico de esa región, que permitirá incrementar los envíos de gas al occidente del país hasta en 120 millones de pies cúbicos diarios.
Esta obra, que demandará una inversión total de 172 millones de dólares, será entregada en 2011.
Otro proyecto que desarrolla YPFB Transporte es la ampliación del Gasoducto al Altiplano, a través del cual se abastece a las regiones de La Paz, Oruro y Cochabamba.
Actualmente se desarrolla la tercera fase de este proyecto, a cuya conclusión se espera incrementar los envíos de gas al occidente de 33,4 millones de pies cúbicos de gas por día a 49,1 millones.
Antes de la nacionalización del sector de hidrocarburos que comenzó en 2006, YPFB Transporte se llamaba Transredes y era filial de la angloholandesa Shell y de la británica Ashmore.
El 1 de mayo de 2008, el Ejecutivo boliviano emitió un decreto para nacionalizar el 50 por ciento de acciones que estas petroleras tenían en Transredes a través del consorcio TR Holding.
Como no se llegó a un acuerdo, en junio el Ejecutivo emitió un segundo decreto para expropiar la transportadora de hidrocarburos y las petroleras respondieron con un arbitraje.
Finalmente, el Estado y las empresas llegaron a un acuerdo por el que el Gobierno indemnizó a cada compañía con 120 millones de dólares y, además, asumió las deudas que tenían las petroleras, lo cual fue criticado por políticos opositores y ex autoridades.
