El Gobierno de Evo Morales afirmó hoy que comenzará a negociar con los inversores de Francia, Reino Unido y Bolivia un pago por sus acciones nacionalizadas en tres generadoras eléctricas, cuando una evaluación externa fije el monto de su valor.
La ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arizmendi, dijo en una rueda de prensa que los inversores tienen 120 días para contratar a una compañía externa que establezca el precio de esas acciones antes de comenzar el diálogo con el Ejecutivo.
Tras la nacionalización de las eléctricas decretada el pasado 1 de mayo por Morales, la ministra de Planificación, Viviana Caro, había señalado que el precio global de las acciones era de 50 millones de dólares, una cifra que los inversores consideraron baja.
Sin embargo, Arizmendi sostuvo que no se puede hablar de un "monto exacto" de indemnización y comentó que la cifra de 50 millones fue mencionada como parte de la preparación "para que Bolivia pueda arreglar responsablemente esta nacionalización".
Los Gobiernos de Francia y el Reino Unido hicieron notar hace unos días que la inversión en las tres generadoras eléctricas alcanza en los últimos años al menos a 210 millones de dólares.
Una de las empresas nacionalizadas es Corani, en la que GDF Suez tenía un 50% (a su vez, el Estado francés tiene el 35,7% de GDF).
En Corani también hay inversiones minoritarias de Carlson Dividend que ha elegido un tratado de protección de inversiones con Suiza para pedir su indemnización.
La otra empresa nacionalizada es Guaracachi, en la que la británica Rurelec poseía un 50%, en tanto que similar porcentaje poseía la boliviana Panamerican en la generadora Valle Hermoso.
De momento, sólo inversores de Corani y Guaracachi han hecho conocer al presidente Morales el inicio de las acciones previas a un arbitraje internacional para conseguir compensaciones económicas, y el Gobierno está a la espera de conocer la posición de Panamerican.
La ministra Arizmendi subrayó que si no hay acuerdo final sobre el monto, las empresas pueden ir a un arbitraje.
Desde enero de 2006, cuando Morales llegó al poder con una alianza de movimientos izquierdistas, nacionalistas, populistas e indigenistas, nacionalizó 13 empresas, incluyendo las eléctricas.
En la actualidad, el Estado tiene 14 demandas en contra por nacionalizaciones, estatizaciones, expropiaciones o anulación de contratos, una de ellas anterior al Gobierno de Morales.
Tres de los catorce casos han llegado a la etapa de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, una institución a la que Bolivia renunció en mayo de 2007.
