El Gobierno de Bolivia pidió hoy formalmente a Estados Unidos la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ex ministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, acusados de genocidio.
"Hemos hecho oficial la entrega de los exhortos suplicatorios pidiendo la extradición" de los tres, dijo la encargada de negocios de la embajada de Bolivia en Washington, Erika Dueñas.
Dueñas puso las 2.700 páginas en manos del director de asuntos andinos del Departamento de Estado, Kevin Whitaker.
Al encuentro también asistió el embajador Philip Goldberg, al que el presidente de Bolivia, Evo Morales, expulsó de La Paz en septiembre, porque, a su juicio, instigó las protestas contra su Gobierno.
Su presencia en la reunión sorprendió a Dueñas, quien dirige los asuntos diplomáticos del país después de que Estados Unidos expulsara al embajador boliviano, Gustavo Guzmán.
"No veo la necesidad de que él estuviera presente ahí, justamente conociendo los antecedentes", se quejó Dueñas, quien dijo que el encuentro fue simplemente "un trámite administrativo".
Howard Gutman, abogado de Sánchez de Lozada, afirmó en un comunicado que el pedido de extradición "es parte de una ofensiva política orquestada por Evo Morales en contra de la democracia y de los que él considera sus enemigos políticos".
La solicitud de extradición supone la culminación de un proceso iniciado en octubre de 2004 por el Congreso boliviano. En septiembre de 2007, el Tribunal Supremo de Bolivia ordenó pedir la extradición, pero tardó ocho meses en entregar la documentación a la cancillería.
Sánchez de Lozada está acusado de genocidio por su presunta responsabilidad en la muerte de 67 personas durante unas protestas callejeras contra su Gobierno registradas en 2003.
Los ex ministros Carlos Sánchez Berzaín, de Defensa, y Jorge Berindoague, de Hidrocarburos, están encausados por los mismos hechos.
Los tres abandonaron Bolivia durante los disturbios y se encuentran en Estados Unidos, donde, además, se enfrentan a una demanda civil interpuesta por los familiares de las víctimas.
En la reunión de hoy, los representantes del Departamento de Estado dijeron no saber cuánto tiempo llevará estudiar la petición de Bolivia, según Dueñas.
Por ahora, la cooperación del Gobierno de Estados Unidos con el de La Paz ha sido nula, según la encargada de negocios.
Hace dos años, la cancillería de Bolivia le solicitó a EE.UU. que comunicara a los tres encausados el inicio del proceso en su contra en ese país, pero "hasta el día de hoy el Departamento de Estado no nos ha entregado ninguna respuesta", aseguró Dueñas.
El Gobierno de Estados Unidos, de hecho, ha evitado entrar en la controversia en torno a Sánchez de Lozada.
En la demanda civil, que alega los mismos hechos que en la solicitud de extradición, el Departamento de Estado se ha excusado de manifestarse al respecto y se ha amparado en una decisión judicial que le permite no emitir un juicio en un momento que sea "inoportuno diplomáticamente".
El Gobierno tomó esa decisión pese a la presión de trece ex embajadores y ex encargados de asuntos latinoamericanos en el Departamento de Estado, que en marzo instaron a la secretaria Condoleezza Rice a pedir al juez que desestime la demanda, según una carta a la que tuvo hoy acceso Efe.
Sobre la solicitud de extradición, el Departamento de Estado no tendrá el lujo de abstenerse, pero es posible que le pase la responsabilidad a la administración de Barack Obama.
El tratado de extradición entre Estados Unidos y Bolivia está vigente desde 1996, pero en este período Washington nunca ha repatriado a ningún acusado a ese país.
En cambio, Bolivia sí ha enviado a personas para su enjuiciamiento en Estados Unidos, especialmente por cargos de narcotráfico.
Específicamente, el acuerdo afirma que no se aprobará la extradición por "transgresiones políticas".
Sánchez Berzaín ha recibido asilo político en Estados Unidos, por lo que su extradición es aún más dudosa. Se desconoce el estatus migratorio de los otros dos ex políticos bolivianos.
Sánchez de Lozada afronta la extradición a Bolivia por "genocidio" en 2003
La Paz, 10 nov (EFE).- El ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada afronta a partir de hoy una demanda de extradición en EE.UU., cinco años después del "genocidio" del que está acusado en su país y que en 2003 derivó en su renuncia a su segundo Gobierno.
La embajada boliviana en Washington solicitó formalmente hoy al Departamento de Estado de EE.UU. la extradición del ex mandatario y sus ex ministros de Defensa Carlos Sánchez Berzaín y de Hidrocarburos Jorge Berindoague.
Sánchez de Lozada, de 78 años, está procesado por "genocidio", que en la legislación boliviana abarca el delito de "masacre sangrienta", por la muerte de más de 60 personas durante la represión de varias protestas ocurridas entre septiembre y octubre de 2003.
El ex mandatario (1993-1997 y 2002-2003) renunció a su segundo Gobierno el 17 de octubre del 2003 y se autoexilió a Estados Unidos, donde vive desde entonces al igual que sus dos ex ministros, que están acusados de complicidad en el "genocidio".
En su primer Gobierno, Sánchez de Lozada abanderó una serie de reformas liberales en Bolivia expresadas principalmente en la privatización parcial de varias firmas estatales, mientras que en el segundo mandato sus programas enfrentaron varios conflictos sociales violentos.
En febrero del 2003, 33 personas murieron en choques entre militares y policías cerca de las puertas del Palacio de Gobierno en La Paz en medio de un motín policial contra un plan de tributos al salario.
Las protestas de octubre de ese mismo año causaron más de 60 muertos por la represión del Ejército y la Policía a sectores sociales opuestos a un proyecto de exportación de gas hacia EE.UU. por puertos de Chile, país con el que Bolivia no tiene relaciones diplomáticas.
Ese proyecto fue impulsado entonces por la trasnacional hispano-argentina Repsol YPF y las británicas British Gas y British Petroleum que, tras los sucesos del 2003, abandonaron la idea.
La acusación por "genocidio" contra "Goni", como es llamado en Bolivia, fue aprobada por el Congreso de este país en 2004 y la Corte Suprema dio curso a la solicitud de extradición en septiembre del 2007.
La Corte Suprema tardó varios meses en remitir los documentos a la Cancillería para que fueran traducidos al inglés y se pudiera plantear la solicitud formal a Washington.
El abogado de las víctimas de la matanza del 2003, Rogelio Mayta, comentó hoy a Efe que los cinco años transcurridos desde entonces muestran que en Bolivia no hay "una persecución política", como ha denunciado Sánchez de Lozada.
Según Mayta, si esa fuera la actitud del Gobierno que preside Evo Morales, impulsor del proceso contra el ex mandatario, o de la justicia todos los procedimientos se hubieran acortado pero, en cambio, tardaron "más de lo debido".
El letrado es consciente de que el proceso de extradición puede durar hasta cuatro años si Sánchez de Lozada utiliza los diversos recursos jurídicos que le permite la justicia estadounidense.
La defensa de las víctimas del "octubre negro", como se conoce en Bolivia a la matanza de octubre de 2003, también está preocupada porque el ex ministro de Defensa Sánchez Berzaín goza de estatus de refugiado político en Estados Unidos.
Sánchez Berzaín, que fue la mano derecha de Sánchez de Lozada durante sus dos gobiernos, ha acusado varias veces al presidente Evo Morales de controlar a las autoridades políticas y judiciales de Bolivia, y de no darles garantías para volver al país y defenderse.
La ausencia de los tres acusados que residen en Estados Unidos impedirá que sean juzgados en Bolivia en el proceso oral que puede comenzar este mes, a diferencia de otros nueve ex ministros y cinco ex altos jefes militares que aceptaron someterse a él.
