El Congreso de Brasil aprobó hoy una ley que prohibirá que se presenten a las elecciones los políticos que hayan sido condenados por la Justicia.
Por esta norma, los políticos brasileños quedarán inhabilitados durante ocho años cuando hayan sido condenados con penas iguales o superiores a dos años de cárcel, o en casos en los que se demuestre que hubo intención de delinquir.
La pérdida de derechos políticos se aplicará aunque el reo tenga derecho a presentar un recurso a una instancia superior, lo que representa uno de los puntos más novedosos de la ley contra la corrupción.
Si el político presenta un recurso para evitar la pérdida de los derechos políticos, el Superior Tribunal de Justicia lo analizaría con carácter de urgencia, lo que podría suponer acortar los plazos y acelerar el ingreso en prisión, en caso de que se le juzgue culpable.
Tampoco se podrán presentar a las elecciones los magistrados y fiscales que hayan sufrido sanciones disciplinarias o que hayan dimitido para evitarlas, una práctica habitual en el país.
En el pleno de la Cámara Alta, el senador Demóstenes Torres, del partido Demócratas, calculó que esta ley podría cancelar la candidatura de "por lo menos uno de cada cuatro" de los políticos que van a presentarse a las elecciones del próximo octubre.
En estos comicios, los brasileños elegirán al sucesor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, así como a los gobernadores de los 27 estados del país, a todos los integrantes de la Cámara de Diputados, a una parte de los escaños del Senado y a los miembros de todas las asambleas legislativas regionales.
La ley se originó en una iniciativa popular, apoyada por 44 organizaciones de derechos civiles y que tuvo el respaldo de 1,6 millones de firmas, una cifra que permitió elevarla al Congreso.
El movimiento popular surgió tras la serie de escándalos de compra de votos de parlamentarios y desvío de dinero que hucieron tambalear al Gobierno de Lula en 2005 y que llevaron al banquillo a tres de sus ex ministros, además de varios diputados e importantes dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT).
El proyecto fue aprobado hoy por unanimidad en el pleno del Senado y, para su entrada en vigor, tan solo necesita pasar por la sanción presidencial.
La medida previsiblemente no se podrá aplicar para los comicios del próximo octubre, puesto que la legislación brasileña indica que cualquier cambio en las normas electorales debe entrar en vigor con un año de antelación.
No obstante, la Orden de Abogados de Brasil, uno de los promotores del proyecto, considera que sí se podría aplicar de forma inmediata, siempre y cuando la sanción se realice antes del 10 de junio, fecha en la que comenzarán a celebrarse las convenciones de los partidos que supondrán el inicio de la campaña.
