El subsecretario de Estado Adjunto para la lucha antidrogas de EE.UU., William Brownfield, abogó hoy en Honduras por un "plan de acción" que permita combatir "con bastante precisión" el narcotráfico y que excluya la posible despenalización de la droga.
"Deberíamos de tener un plan de acción que nos lleve con bastante precisión y claridad al punto final que deseamos y supongo que es buen momento ya" de formularlo y ponerlo en marcha, declaró Brownfield.
El alto funcionario estadounidense señaló que en el marco del combate frontal al tráfico no es suficiente disponer de radares para ver con más precisión el movimiento aéreo o marítimo, sino que se requiere de logística y de personal comprometido con esa tarea.
"También es importante tener el transporte, helicópteros, aviones, lanchas, buques para hacer las operaciones; también es importante tener la inteligencia humana, las capacitaciones, educación y entrenamiento de personal; también es importante tener las unidades especiales y de confianza que pueden conducir las operaciones" antidrogas, declaró.
Un informe anual del Gobierno estadounidense sobre narcotráfico en el mundo, divulgado el pasado día 7, señaló que cerca del 80 % de la cocaína que llega a México desde Suramérica con destino a EE.UU. hace escala en un país de Centroamérica, con Guatemala y Honduras como principales puntos de entrada.
Brownfield inició este domingo en Tegucigalpa una gira por Honduras y Guatemala, país al que llegará mañana, para discutir iniciativas encaminadas a combatir el narcotráfico y reforzar la seguridad ciudadana.
Este lunes, junto al presidente hondureño, Porfirio Lobo, el subsecretario encabezó la firma de un acuerdo de seguridad ciudadana que involucra el desembolso estadounidense de 2,02 millones de dólares y la donación de un lote de motocicletas para la Policía hondureña.
Esa ayuda se enmarca en la Iniciativa de Seguridad Regional para Centro América (CARSI, por su sigla en inglés), informó la Embajada de Estados Unidos.
El subsecretario y Lobo inauguraron además en una barriada popular de Tegucigalpa un Comisaría Modelo.
"Lo hemos dicho varias veces en el pasado y lo repito en este momento: Honduras y Estados Unidos comparten una crisis, o francamente dos crisis, una crisis de violencia y seguridad, y una segunda crisis de tráfico de droga ilícita", recalcó Brownfield.
Previamente, en una conferencia de prensa junto a Lobo, el subsecretario sostuvo que Washington rechaza la posibilidad de despenalizar las drogas como nueva estrategia contra el narcotráfico y la violencia que genera, tal como ha propuesto analizar el gobernante de Guatemala, Otto Pérez Molina.
"Hemos conversado muchas veces durante las últimas 16 horas de mi visita (a Honduras) el tema de despenalización como solución, y ustedes saben muy bien la posición de mi Gobierno (de rechazarla) y creo que acabamos de oír la posición del Gobierno nacional de Honduras", subrayó Brownfield.
En ese sentido, Lobo reiteró este lunes que su Administración no está de acuerdo con la despenalización, una posición que también han expresado abiertamente los Gobiernos de El Salvador, Panamá y Nicaragua.
Lobo y los presidentes de El Salvador, Mauricio Funes, y de Nicaragua, Daniel Ortega, no asistieron el sábado a una reunión convocada por Pérez Molina en la ciudad guatemalteca de Antigua para analizar nuevas estrategias contra el narcotráfico y la violencia en Centroamérica, incluida la despenalización.
El gobernante hondureño dijo, sin más precisiones, que por una modificación en la agenda prevista para la reunión de gobernantes, finalmente no asistió.
Al encuentro del sábado solo acudieron los mandatarios de Panamá, Ricardo Martinelli, y Costa Rica, Laura Chinchilla, quienes junto a Pérez Molina y altos funcionarios de los otros países de América Central acordaron discutir la creación de una corte penal regional que se encargue de los casos de narcotráfico en una nueva reunión, en una fecha aún por definir.
También convinieron en analizar la posibilidad de exigir a los países consumidores de drogas, principalmente a Estados Unidos, el pago de compensaciones económicas por cada cargamento de drogas que sea incautado a los narcotraficantes en territorio centroamericano y por la destrucción de los cultivos de amapola y marihuana.
