El daño ambiental provocado por una fábrica de baterías que fue cerrada en 2007 porque contaminó con plomo una zona cercana a San Salvador es de casi 4.000 millones de dólares, informó hoy la Fiscalía General de la República (FGR).
El jefe de la Unidad de Medio Ambiente de la FGR, Bruno Urbina, dijo a periodistas que mediante un peritaje que llevó varios meses se estableció que "el daño ambiental oscila en casi 4.000 millones de dólares".
La estimación abarca daños en "todos los recursos: agua, aire, suelo, flora, y la disposición final de la escoria y las cenizas" que están en la fábrica abandonada, explicó.
Urbina comentó que se calcula que "son 14.000 toneladas métricas" de desechos las que "hay en la superficie" y que deben ser removidas, pero abajo de ésta "puede haber mucho más" material.
También se incluyen, entre otros, los gastos en que ha incurrido el Ministerio de Salud en el tratamiento de decenas de personas afectadas por el plomo.
El pago de los daños tendrá que ser cubierto "proporcionalmente" por los dueños de la fábrica, que están prófugos desde hace varios años, y tres ingenieros que enfrentan un juicio en un tribunal de San Salvador, según el fiscal.
La fábrica funcionaba en el Sitio del Niño, departamento central de La Libertad, al noroeste de San Salvador, y el Gobierno salvadoreño ordenó su cierre el 24 de septiembre de 2007 tras numerosas denuncias sobre la contaminación que causaba el plomo.
El 24 de octubre del año pasado, un tribunal de justicia inició un nuevo juicio contra tres ingenieros de la fábrica que habían sido absueltos en junio por un tecnicismo.
Urbina consideró que el juicio contra los ingenieros Hugo Trujillo, Arturo Marenco y José Brito, por el delito de contaminación ambiental agravada, podría terminar en unos dos meses.
Los directivos de la empresa, José Ofilio Gurdián, Ronald Antonio Lacayo y Sandra Lacayo de Escapini, continúan prófugos, aunque su proceso sigue abierto, según la FGR.
