California vota mañana un plan económico de emergencia promovido por las autoridades del estado para paliar el déficit fiscal, unas medidas que no convencen a los electores que podrían aprovechar el referéndum para "castigar" a sus políticos.
A pesar de los mensajes de alarma del gobernador californiano, Arnold Schwarzenegger, que alertó sobre la gravedad de la situación fiscal que vive el estado y la necesidad de que se aprueben las iniciativas presentadas a votación para evitar males mayores, las encuestas muestran una ventaja del "no" en los comicios.
Los ciudadanos se pronunciarán sobre seis proposiciones que persiguen establecer límites al gasto público, redistribuir los fondos estatales, hipotecar el sistema de loterías y mantener temporalmente varias subidas de impuestos.
Un paquete de medidas que supondrá, según estimaciones oficiales, 6.000 millones de dólares más para las arcas públicas para el ejercicio fiscal 2009-2010 (que comienza en julio) y hasta 17.000 millones de dólares más con vista al año 2013.
La reducción del gasto afectaría fundamentalmente a los servicios sociales, educación, infancia y la atención sanitaria a enfermos mentales.
Solo una de las propuestas fue aprobada en el sondeo realizado por el Public Policy Institute of California (PPIC) hecho público el 7 de mayo: la 1F; ideada para prevenir aumentos de sueldo de los gobernantes en los años de déficit fiscal.
Las encuestas realizadas hasta la fecha mostraron un descontento generalizado entre los californianos, que culpan a sus políticos de haber llevado al estado a la situación actual.
Analistas políticos como George Skelton de Los Ángeles Times, indicaron que los votantes podrían desoír las alarmas encendidas sobre los problemas financieros y aprovechar el referendo para castigar a sus representantes públicos.
"Es sobre California, sobre su legado. No se trata de mí ni de los legisladores ni nadie en Sacramento", dijo recientemente Schwarzenegger a la prensa.
El gobernador del Estado ha insistido durante los últimos días en la importancia de que los electores den el visto bueno a las proposiciones y aprovechó para hacer campaña el fin de semana en varias iglesias de Los Angeles.
Gobierno y legisladores californianos aprobaron en febrero, tras meses de debates, un presupuesto llamado a arreglar las finanzas estatales, que acumulan una deuda de 15.000 millones de dólares, pero el empeoramiento de la crisis obligó a actualizar las medidas.
Si finalmente las proposiciones son rechazadas en las urnas, Schwarzenegger amenazó con que sería necesario tomar medidas más drásticas contra el déficit, que se estima podría dejar sin liquidez a California en dos meses.
El gobierno estatal apostaría en ese caso por rebajar en más de 2.000 millones más el recorte anunciado ya en educación, que podría suponer dejar sin trabajo a más profesores y acortar el año escolar en una semana, reducir la atención sanitaria a 225.000 niños, o poner en libertad a miles de presos con delitos menores.
Las organizaciones contrarias a las propuestas económicas acusaron a las autoridades de intentar sembrar el miedo para conseguir el voto afirmativo, si bien los últimos datos anuncian una baja participación en las elecciones, que rondará el 25 por ciento de los electores.
En 2005 los californianos ya rechazaron otras medidas de ajuste de gasto propuestas por Schwarzenegger y cuando se presentó a la reelección aseguró que no subiría los impuestos, algo que terminó haciendo, lo que ha situado su popularidad en un 34 por ciento, cerca de su nivel más bajo de apoyo público que alcanzó en marzo.