El brigadier general José Ramón Bonilla se convirtió hoy en el nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea uruguaya, en sustitución del general Enrique Bonelli, una figura clave en el esclarecimiento del turbio pasado del Ejército durante la dictadura (1973-1985).
En una ceremonia en la que participó el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, asumió su cargo Bonilla, quien, entre otras funciones, había ocupado la Dirección de la Escuela Militar de Aeronáutica y desde hace un año la jefatura del Estado Mayor de la Fuerza Aérea.
En la ceremonia, el comandante en jefe saliente no hizo ningún discurso de despedida, aunque se leyó un documento con un resumen de la gestión de Bonelli.
Entre las personalidades presentes en el cambio de mando, además de Vázquez, estaban el ministro de Defensa uruguayo, José Bayardí; la titular de Salud Pública, María Julia Muñoz, y el ministro de Industria, Daniel Martínez, además del intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich.
Los asistentes y el nuevo máximo jefe de la Fuerza Aérea visitaron en la base Capitán Boisso Lanza el nuevo radar de control de tránsito aéreo comprado a España y que recientemente llegó a Uruguay.
El general Bonelli ocupó el cargo que ahora deja en febrero de 2004, un año antes de que Vázquez asumiera el poder encabezando la coalición izquierdista Frente Amplio, desde donde se propició la investigación de algunos de los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura uruguaya.
Aunque seguía vigente la Ley de Caducidad, que impide juzgar a militares y policías por esos delitos, ello no impidió que se abrieran investigaciones para encontrar a los desaparecidos en la dictadura e incluso que se pusieran en marcha procesos judiciales contra ex militares relacionados con la Operación Cóndor.
Este plan, del que formó parte el régimen uruguayo, fue realizado por las dictaduras del Cono Sur en los años setenta y ochenta para eliminar opositores políticos.
Al llegar el Frente Amplio al poder, Bonelli fue encargado de investigar las desapariciones de disidentes en instalaciones de la Fuerza Aérea, a pesar de que el Gobierno de Vázquez conocía que el militar había participado, como copiloto, en uno de los llamados "vuelos de la muerte" a principios de la dictadura.
En esos vuelos, fueron trasladados a Uruguay contra su voluntad disidentes políticos uruguayos que habían sido secuestrados en Argentina, donde estaban exiliados, por elementos militares y paramilitares de la dictadura.
Varios de esos opositores permanecen desaparecidos y se cree que fueron eliminados en dependencias militares uruguayas.
En recientes declaraciones a la prensa, Bonelli dijo que desde su Jefatura de la Fuerza Aérea siempre intentó colaborar en el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura.
Gracias a las gestiones que realizó Bonelli en 2005 se ubicaron los restos de Chaves Sosa, un militante comunista que fue torturado y asesinado en la base Boisso Lanza.
Se espera que en los próximos meses, después de que se reanude desde hoy la actividad judicial en Uruguay tras las vacaciones australes, acudan a declarar a los juzgados ex militares, políticos y antiguos directivos policiales con relación a esos crímenes.
Además, está en marcha una campaña de recogida de firmas para la celebración de un referéndum a favor de la derogación de la Ley de Caducidad, que podría celebrarse el próximo 25 de octubre, en coincidencia con las elecciones nacionales.
La llamada Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad está a punto de terminar de reunir las 251.847 firmas necesarias (10 por ciento del censo electoral) para demandar el referendo destinado a derogar esa normativa.
