El ministro colombiano de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt, fue afectado hoy con la formulación de cargos por parte de la Procuraduría General por haber autorizado un contrato presuntamente de manera irregular.
Palacio pudo incurrir en posibles irregularidades al haber autorizado y permitido la suscripción y ejecución de un contrato de prestación de servicios para redactar los decretos de una emergencia social que finalmente fue declarada no ajustada a la Carta Magna por parte de la Corte Constitucional en abril pasado.
Según la Procuraduría, en ese contrato "se vulneró el principio de la moralidad" y fue suscrito entre la cartera de Palacio y la Asociación Centro de Gestión Hospitalaria
Tanto el representante legal como otros miembros del equipo de trabajo de dicha Asociación se encontraban en conflicto de intereses, porque simultáneamente representaban intereses particulares al hacer parte de juntas directivas de salud, señaló la Procuraduría.
Por esos hechos serán investigados la directora general de financiación del Ministerio de la Protección Social, Luisa Fernanda Bellini Pérez, y el director general de Gestión de la Demanda en Salud, Leonardo Cubillos Turriago.
En marzo pasado, el mismo procurador general, Alejandro Ordóñez, había solicitado declarar como no ajustada a la Constitución la llamada emergencia social que había declarado el Gobierno colombiano en diciembre de 2009.
Ordóñez había señalado que los estados de excepción solo pueden decretarse cuando hay amenazas o crisis puntuales y sobrevinientes, tal y como lo acogió la Corte que un mes después declaró sin validez esa emergencia.
El Gobierno decretó la emergencia al argumentar que las finanzas de la salud amenazaban con un colapso y necesitaba una corrección urgente.
Los cargos contra Palacio son de carácter disciplinario.
