Casi la mitad de las denuncias judiciales contra órganos públicos en Brasil prescriben o son archivadas, según reveló un estudio de la Asociación de Magistrados Brasileños, informó hoy un medio local.
En el Superior Tribunal de Justicia (STJ), el segundo en jerarquía, el 40% de las acciones judiciales caen en el limbo, mientras que el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país, el número sube al 45%, apuntó el informe divulgado en la edición digital del diario O Globo de Río de Janeiro.
De la otra mitad de denuncias contra autoridades y oficinas públicas, sólo el 1% de los procesos recibió condenas entre 1988 y 2007, el período analizado por el estudio.
El informe apuntó que "ese sector poderoso de la sociedad", el público, parecería que "estuviera al margen de la ley".
"La sociedad perdió la esperanza de que esas personas (los funcionarios públicos responsables) al menos sean juzgadas", comentó el juez Mozart Valadares, presidente de la Asociación de Magistrados Brasileños.
El corregidor nacional de Justicia, Gilson Dipp, declaró por su parte que "es altamente preocupante lo que está sucediendo. Los hechos de corrupción se desarrollan uno tras otro".
"Poner dinero en los calzoncillos, en el calcetín, en la valija, no se precisa señalar más. Cada día se sabe de un episodio diferente e indignante. Es desolador y debilita a la democracia", agregó Dipp en referencia al escándalo en el Gobierno del Distrito Federal de Brasilia.
La enorme repercusión se la dio la divulgación de varios vídeos grabados por cámaras ocultas que muestran altos cargos del Distrito Federal recibiendo dinero.
En las imágenes aparece percibiendo pagos el propio gobernador, José Arruda, y poco menos de la mitad de los 24 diputados, algunos de los cuales se guardan los fajos de billetes en sus calcetines o en los calzoncillos. Otros incluso aparecen en los vídeos rezando.
Según los investigadores, los acusados recaudaban mensualmente cerca de 600.000 reales (unos 350.000 dólares) de empresas que habían sido favorecidas con la adjudicación de contratos públicos y que luego repartían entre diferentes autoridades.
En protesta por el escándalo, un grupo de estudiantes permanece en la sede de la Asamblea Legislativa Estatal y amenaza con seguir indefinidamente en ese lugar hasta que Arruda renuncie.
