Autoridades y vecinos de la localidad uruguaya de Fray Bentos reaccionaron con "cautela" y "tranquilidad" al anuncio del Gobierno argentino de que en cumplimento de una orden judicial hoy procederá a liberar el paso por el puente internacional que une esa ciudad con Argentina tras casi cuatro años de bloqueo.
"Por ahora tenemos prudencia y cautela, aunque esta vez estamos más confiados", aseguró hoy a Efe el intendente electo del departamento de Río Negro, al que pertenece Fray Bentos, Omar Lafluf.
El puente que une Argentina y Uruguay está cortado desde noviembre de 2006 por ecologistas que se oponen a una planta papelera instalada por la empresa finlandesa Botnia (actualmente UPM) cerca de Fray Bentos, a orillas del río Uruguay, la frontera natural con Gualeguaychú.
Ante las declaraciones del ministro argentino de Justicia, Julio Alak, que aseguró hoy que se le dará "operatividad a la resolución judicial" emitida por un juez federal argentino este martes, Lafluf señaló que "hay más esperanza de que esta vez sí se logre liberar el puente".
"Ha habido otras resoluciones judiciales en 2006 y 2007, pero sólo ahora el Gobierno argentino ha dicho que lo va a aplicar, y eso nos ha alegrado y aliviado", apuntó Lafluf, que acaba de ser reelegido en las urnas como intendente para los próximos cinco años.
Por su parte, el portavoz de la Asociación de Afectados por el Corte, Daniel Fernández, aseguró a Efe que entre los habitantes de Fray Bentos hay "tranquilidad".
"Estamos a la espera, viendo qué es lo que está ocurriendo y pendientes de las noticias que llegan", explicó Fernández.
En cualquier caso, la decisión del Ejecutivo argentino fue recibida "con alegría", "esperanza" y "cierta sorpresa" por la asociación, apuntó el vocero.
"No esperaban que pasara algo en estos días", agregó.
Tanto es así que para el próximo sábado la asociación de Fray Bentos y autoridades de la intendencia de Río Negro habían acordado una reunión con una agrupación de empresas de uno y otro lado del puente que se han visto afectadas por el corte.
En dicho encuentro se iba a llevar a cabo un balance de las pérdidas económicas totales provocadas en las empresas y negocios localizados en la zona a lo largo de estos años, que las últimas estimaciones oficiales situaban en más de 600 millones de dólares.
Fuentes del Gobierno de Uruguay consultadas por Efe indicaron que por el momento no quieren hacer declaraciones sobre la posible solución del conflicto.
