El presidente venezolano, Hugo Chávez, pidió hoy que se castigue con 30 años de cárcel a la jueza María Lourdes Afiuni porque supuestamente permitió la evasión de un empresario por medio de una triquiñuela formal.
"Habrá que meterle la pena máxima a esta jueza y a los que hagan lo mismo. ¡30 años de prisión pido yo!", dijo Chávez durante un acto transmitido en cadena nacional de radio y televisión.
Afiuni fue detenida el jueves por la policía de seguridad del Estado a petición de la Fiscalía por liberar al empresario Eligio Cedeño, detenido desde 2007 bajo la acusación de efectuar operaciones cambiarias ilegales por millones de dólares.
Chávez explicó que la liberación de Cedeño fue planificada entre los abogados del empresario, la jueza, las secretarias y los alguaciles del tribunal.
La trampa consistió en citar a Cedeño a una audiencia sin la presencia del fiscal que lleva su caso, concederle la libertad y permitir su salida del tribunal.
Chávez dijo que el plan se desarrolló sin inconvenientes una vez que Cedeño fue entregado por la policía a los alguaciles del tribunal, quienes lo pasaron al despacho de la juez, de donde huyó por una puerta secundaria.
"Ella se llevó al preso, hizo la audiencia sin el fiscal del caso, lo metió en el tribunal y lo sacó por una puerta de atrás y se fugo", dijo el presidente.
También afirmó que, de acuerdo con el informe que le pasaron los investigadores, la jueza y los abogados firmaron con anticipación papeles en blanco con el fin de tener todo listo en el momento de la presentación del empresario.
"Esa jueza es una bandida, exijo dureza contra ella. Habrá que hacer una ley, porque es mucho más grave, infinitamente más grave, que un juez libere a un bandido que el bandido mismo", argumentó Chávez.
"No podemos darnos el lujo de que estas cosas sigan ocurriendo", concluyó el presidente.
Medios locales informaron que, conocida la fuga de Cedeño, la policía fue a su residencia pero no lo encontró.
Igualmente han circulado versiones según las cuales Cedeño habría abandonado el país.
La Fiscalía acusó en 2005 a Cedeño de ayudar a una firma local, el Consorcio Microstar, a obtener 27 millones de dólares de la estatal Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) para adquirir equipos de computación que nunca entraron al país.
