La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, reaccionó hoy con dureza en contra de dos organizaciones locales que interpusieron un recurso de amparo en contra de la carretera que el Gobierno construye en la zona fronteriza y que ha generado protestas de Nicaragua.
"No puede ser posible que en Costa Rica existan personas tan poco solidarias que no quieran el bienestar de los menos favorecidos, interponiendo recursos de amparo como este, acudiendo al amarillismo y la ironía", expresó Chinchilla en un comunicado distribuido también en las redes sociales de internet.
La Sala Constitucional acogió ayer para su estudio un recurso de amparo firmado por el presidente de la Fundación para el Progreso de las Personas Ciegas, Erick Chacón y el presidente de la Fundación Mundial Déjame Vivir en Paz, Alberto Cabezas.
Estas organizaciones acusan al Gobierno de "no velar por el medio ambiente" en la zona de la construcción y de "omitir planificar las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad contempladas en la ley".
La Sala acogió para su estudio el recurso y ordenó al Ejecutivo entregar la información de la obra en un plazo de tres días, lo que no impide que las obras continúen.
La obra de unos 120 kilómetros se ubica en territorio costarricense y conecta por primera vez en la historia por carretera a unos 20 pueblos, donde habitan 2.500 familias, que para comunicarse debían navegar por el fronterizo río San Juan, de soberanía nicaragüense.
"Querer detener esa obra es negarle el progreso a quienes habitan la frontera y renunciar al pleno ejercicio de nuestra soberanía, ahí adonde precisamente está siendo amenazada", expresó Chinchilla.
El Gobierno de Nicaragua se ha quejado ante el de Costa Rica y órganos internacionales por supuestos daños ambientales al río San Juan y territorio nicaragüense ocasionados por la construcción de la vía, y ha exigido la detención de los trabajos.
Estos países mantienen relaciones tensas desde octubre de 2010 cuando el Gobierno costarricense acusó a su vecino de invadir con militares y civiles una porción de su territorio en Isla Portillos (o Isla Calero) y de causar allí daños ambientales a un humedal protegido por convenios internacionales.
"¿Por qué estas organizaciones no levantaron su voz contra el verdadero ecocidio que se dio en (Isla) Calero? ¿Por qué no defendieron el derecho de los costarricenses a navegar el río San Juan cada vez que les ha sido negado?, concluyó Chinchilla.
