Los abogados de la compañía petrolera Citgo pidieron hoy a una juez de EE.UU. anular una demanda presentada en contra del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por presuntos actos de terrorismo y violación a los derechos humanos.
La acción judicial fue presentada contra Chávez, varios funcionarios de su Gobierno y Citgo, que es filial en EE.UU. de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Citgo indicó que por sus vínculos con PDVSA quieren responsabilizarle, junto a otros ocho acusados, de supuestas olas de violencia en Venezuela y una guerra civil en Colombia.
Además, de presuntos envíos ilegales de armas de Rusia, narcotráfico, de propagar una "agenda comunista marxista-leninista" al hemisferio Occidental y de ataques terroristas de Al Qaeda, los talibanes, Hesbollah y Hamas.
"La única conexión entre Citgo y este catálogo de miserias humanas" son sus nexos con PDVSA, señalaron los abogados en el documento judicial de 21 páginas al que tuvo acceso Efe.
Al tiempo que consideraron que la demanda es un "manifiesto intento de hostigar al Gobierno de Venezuela y obtener atención hacia los puntos de vista políticos de los demandantes, o, lo más probable, de su abogado".
Freedom Watch, una organización no gubernamental de EE.UU., interpuso la demanda colectiva en abril pasado en un tribunal de Miami a nombre del periodista venezolano Ricardo Guanipa, quien tiene asilo político en EE.UU. desde el 2005.
Guanipa negó a Efe que la demanda tenga fines políticos. "Soy un periodista que por reportar hechos del Estado venezolano, con audio, arremetieron contra mí", agregó el comunicador.
En la demanda se indicó que los recursos de Citgo provenientes de la venta de petróleo presuntamente son usados por Chávez para "apoyar el terrorismo y otros delitos contra la humanidad, incluyendo amenazas de muerte, arrestos, tortura y asesinato".
Chávez en abril pasado desestimó las informaciones relacionadas con la demanda.
Freedom Watch, que defiende las libertades civiles y los derechos humanos, busca una compensación de 5.000 millones de dólares por daños punitivos.
El equipo de abogados de Citgo, con sede en Houston (Texas), dijo que los demandantes no afirman que esta empresa participó, dirigió o fomentó las presuntas acciones mencionadas en la acción judicial, por lo tanto no puede ser responsable de las mismas.
Asimismo, notificaron a la jueza encargada del caso, Cecilia Altonaga, que la demanda debe ser anulada por su explícita naturaleza política que necesariamente implica cuestiones políticas no justificables.
Altonaga ahora debe analizar los argumentos de ambas partes y no tiene un plazo definido para pronunciarse.
La acción judicial se interpuso basada en una ley estadounidense que penaliza la tortura y otorga jurisdicción a los tribunales de este país para escuchar los casos relacionados con ese tipo de actos presuntamente cometidos fuera de sus fronteras.
