Un grupo de ciudadanos, la mayor parte familiares de víctimas de delitos violentos, reclamaron hoy ante el Parlamento uruguayo medidas más duras contra la delincuencia, como la creación de una "policía militar", juicios con jurado y que los padres de menores infractores paguen por los delitos de sus hijos.
Más de un centenar de personas convocadas a través de Internet por el Movimiento Justicia y Seguridad bloquearon el paso de vehículos frente a la sede del Poder Legislativo en Montevideo para expresar su repudio por la creciente inseguridad ciudadana.
También pidieron, tanto a los diputados como al Gobierno, que tomen medidas urgentes para que la ciudadanía pueda recuperar "la paz y la tranquilidad".
Según explicó a Efe Graciela Barrera, una de las impulsoras del movimiento, calificado como apolítico, la idea detrás de esta movilización es hacer pública una serie de medidas destinadas a recuperar "la seguridad ciudadana y la vida de los familiares y víctimas de estos delitos violentos".
"Me quitaron a un hijo en un asalto y, en lugar de sacar la bronca por otro lado, queremos presentar iniciativas que sirvan para recuperarnos", afirmó Barrera.
Así, el grupo diseñó un plan con doce medidas que serán entregadas a los parlamentarios para su desarrollo entre las que se incluye la creación de una policía militar cuyo fin "no es militarizar la sociedad, sino que ayuden a la policía a patrullar en zonas rojas, tal y como hoy hacen como fuerzas de paz para las Naciones Unidas".
Además, también pidieron la instauración de juicios con jurado para los delitos graves y que se de cabida a las querellas privadas en estos crímenes, no como ahora en la que los intereses de los familiares de las víctimas sólo son representados en los juicios por la Fiscalía del Estado.
Junto a esto, también pidieron la internación obligatoria de los drogadictos en centros de rehabilitación, "antes de que se conviertan en delincuentes", la creación de cárceles juveniles para que los menores culpables de delitos graves cumplan sus penas y de que se implementen centros sociales para dar un seguimiento a las familias en conflicto.
Para Barrera, la violencia y la delincuencia son hoy en día los mayores problemas que afronta Uruguay, un asunto que fue creciendo "paulatinamente" y que hoy marca la vida de muchos ciudadanos.
"Mira, en mi caso yo lo veía por televisión, lo miraba y decía 'que horrible', y ahora estoy acá", afirmó la mujer, que perdió a su hijo, un repartidor de 30 años en 2009.
Tanto el Gobierno como la oposición consideran esta escalada en la delincuencia juvenil como un hecho preocupante y se barajan diversas medidas para controlarla.
Una de las quejas más frecuentes tanto por policías como víctimas es que los jóvenes arrestados recuperan la libertad enseguida o se escapan con frecuencia de los poco vigilados centros de reclusión para menores.
