Un tribunal de alto impacto de Guatemala clausuró el proceso por el asesinato de 7 reos que pesaba sobre el político opositor Alejandro Giammattei, exdirector del Sistema Penitenciario del país, informó hoy una fuente judicial.
Según la resolución de la titular del Juzgado de Mayor Riesgo, Patricia Flores, el proceso contra Giammattei fue clausurado anoche porque la Fiscalía no pudo probar su participación en los crímenes de 7 reos el 25 de septiembre de 2006, cuando era director de las prisiones.
El fallo judicial ordena la libertad del político, quien fue candidato presidencial de la Gran Alianza Nacional (GANA) en las elecciones generales de 2007 en Guatemala.
Giammattei, quien fue procesado por el delito de asociación ilícita, recobrará su libertad hasta que la sentencia del Juzgado de Mayor Riesgo quede firme.
Sin embargo, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), que acusó al político junto a la Fiscalía, sostuvo este martes que el exdirector del Sistema Penitenciario debería ser procesado por el delito de ejecución extrajudicial.
Giammattei se entregó de forma voluntaria a la justicia de su país el 13 de agosto de 2010, luego de permanecer refugiado en la embajada de Honduras en Guatemala.
Tras su detención, el exfuncionario negó su participación en los delitos que se le imputan y ha sostenido que el proceso abierto en su contra era una "persecución política".
Otras cinco personas, entre ellas el exjefe policial Víctor Soto, deberán enfrentar un juicio oral y público por el asesinato de los 7 presos durante un operativo en la Granja de Rehabilitación Pavón en 2006, así como de otros 3 reos que se fugaron de otra prisión en la costa sur.
Por esos casos también tienen abiertos procesos en Guatemala el exministro de Gobernación Carlos Vielmann, quien está libre bajo fianza en España, en donde la Fiscalía guatemalteca ha presentado una solicitud de extradición que todavía no se ha resuelto.
También al exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) Erwin Sperisen, quien vive en Suiza, y el exsubdirector de investigación policial Javier Figueroa, que reside en Austria.
Contra Figueroa ya pesa una solicitud de extradición, mientras que a Sperissen se le ha abierto una investigación también en Suiza.
Según la Cicig, esos exfuncionarios hacían parte de una organización criminal conformada desde el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil desde 2004 y estaba dedicada a ejecuciones extrajudiciales.
