La ley que faculta a las autoridades a confiscar a los delincuentes los bienes adquiridos por medio de actividades ilícitas, los cuales podrán ser utilizados por las fuerzas de seguridad del Estado, Fiscalía y Poder Judicial, cobró vigencia a partir de hoy en Guatemala.
El presidente Álvaro Colom dijo durante su programa radiofónico de todos los miércoles, "Despacho Presidencial", que el Gobierno ha puesto a disposición de las diferentes instituciones los recursos financieros necesarios para crear la infraestructura que se necesita para el funcionamiento de la nueva normativa.
Colom aseguró que se ha entregado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cerca de un millón de dólares para la creación de un juzgado específico que se deberá encargar de conocer los casos en que sea invocada la Ley de Extinción de Dominio (LED).
Además, precisó el mandatario, fueron entregados unos 375.000 dólares a la Fiscalía y 125.000 a la Procuraduría General de la Nación, para que cubran los necesidades que les surgirán a partir de la entrada en vigencia de la normativa.
La LED, precisó Colom, es una normativa "importante" cuyo contenido y aplicación "deben de conocer todos los ciudadanos" para su aplicación.
El secretario de política criminal del Ministerio Público, Alejandro Rodríguez, dijo el martes que esa institución "ya esta lista para aplicar la LED", y explicó que se han creado dos fiscalías que tendrán bajo su responsabilidad los procesos de extinción de dominio.
Según Rodríguez, la ley es aplicable a delitos que van desde actos de corrupción hasta estafa, y de secuestros, extorsiones y narcotráfico atribuidos al crimen organizado.
La LED fue aprobada por el Congreso el 7 de diciembre de 2010 con el fin de identificar, localizar y adscribir a favor del Estado los bienes que hayan sido adquiridos por medio de actividades ilícitas.
La Ley establece que 25 % de los bienes que sean confiscados serán destinados para los fondos privativos del Organismo Judicial y 20 % para cubrir los gastos de las unidades especiales de investigación.
Otro 20 % será destinado a los fondos privativos del MP, un 18 % para el Ministerio de Gobernación (Interior), un 15 % a la Secreta ría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio y e 2 % restante para la Procuraduría General de la Nación.
