El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, presentó hoy ante el Parlamento una iniciativa de ley para abolir de forma definitiva la pena de muerte, que está vigente pero no se aplica desde 2000 debido a un vació legal sobre el indulto.
La iniciativa, que deberá ser conocida por el Congreso unicameral del país en las próximas semanas, señala que eliminar la pena capital de la legislación guatemalteca "contribuye a elevar la dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos humanos".
En lugar de la pena de muerte, como máxima sanción penal por delitos graves que se comentan en el país, el Gobierno propone la "pena de prisión de alto impacto", la cual tendría una duración de "75 años inconmutables sin derecho a libertad por buena conducta o cualquier otro beneficio que implique reducción de la pena".
La prisión de alto impacto propuesta por el poder ejecutivo se aplicaría a los delitos de parricidio, asesinato con alevosía y saña, ejecución extrajudicial, secuestro, desaparición forzada, encubrimiento en casos de secuestro y magnicidio.
En el resto de delitos, según la iniciativa del Gobierno, las penas máximas de prisión serían de 50 años.
"Se entenderá que en toda disposición legal que aparezca el término 'pena de muerte' se sustituye por el de prisión de alto impacto", señala uno de los artículos de la iniciativa.
Además, indica que a los reos que ya hayan sido condenados a muerte se les deberá aplicar la pena de prisión de alto impacto.
En la actualidad hay 41 reos condenados a muerte en Guatemala por delitos de asesinato, ejecución extrajudicial y secuestro, entre otros, pero la pena no se ha podido aplicar porque existe un vacío debido a que la ley no establece con claridad qué autoridad o institución debe conceder el indulto.
El pasado 4 de noviembre Colom vetó una ley del Parlamento que restituía el indulto presidencial, por considerar que "la pena de muerte no contribuye a mejorar la situación de seguridad en el país".
El Congreso guatemalteco había aprobado el pasado 5 de octubre, por la vía de "urgencia nacional", restituir al Presidente la potestad de otorgar o negar el perdón a los reos que sean condenados a morir por inyección letal.
De ser aprobada la iniciativa promovida por Colom, Cuba y Estados Unidos quedarían como los únicos países del continente americano que contemplan la pena de muerte dentro de su legislación.
