El Gobierno de Colombia criticó hoy en la ONU el doble rasero con el que la comunidad internacional en ocasiones valora la situación de los derechos humanos en distintos países y pidió el reconocimiento del proceso de pacificación de su país como "un ejemplo a seguir".
"Consideramos que la apertura del Estado a la comunidad internacional debe ser respondida con análisis objetivos y valoraciones que correspondan a la realidad, con informes realizados con independencia, pero también con imparcialidad", dijo hoy el vicepresidente colombiano, Francisco Santos Calderón, en la inauguración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Santos fue el primer dignatario en intervenir en ese foro, donde presentó con numerosos datos y cifras los resultados de los ocho años de Gobierno del presidente Alvaro Uribe en materia de derechos humanos y de pacificación.
El vicepresidente señaló que a su país le preocupan "los estándares diferentes con los que se miden y evalúan realidades, hechos y procesos" y puso como ejemplo las constantes acusaciones de que la Ley de Justicia y Paz colombiana "no se ajusta a estándares internacionales".
Santos refutó esto señalando que "en el proceso de Justicia y Paz, 280.000 personas están haciendo sus reclamos, 46.000 han participado en las diligencias judiciales de los desmovilizados y estas víctimas han aportado más de 25.000 preguntas a los fiscales para interrogar a los sometidos a esta ley".
Asimismo, dijo que actualmente "están en verificación" más de 34.377 homicidios, 1.148 masacres, 1.520 casos de reclutamiento de menores, 2.786 desapariciones forzadas, 3.607 casos de desplazamiento y más de 1.000 secuestros, entre otros crímenes, "sobre los que los paramilitares ya han asumido la responsabilidad".
Agregó que más de 17.000 de esos crímenes "ya están esclarecidos, sabemos cómo ocurrieron y quiénes son los responsables, lo que hubiera sido imposible sin la Ley de Justicia y Paz".
En su enumeración de los resultados de la lucha contra la violencia armada interna, el vicepresidente de Colombia señaló también que "la Justicia ordinaria tiene copias para vincular a procesos judiciales a 681 servidores públicos, entre políticos, miembros de la fuerza pública y autoridades locales".
Santos dijo que todo ello ilustra la práctica de "dobles estándares" de juzgar "sólo" a los grandes violadores de los derechos humanos, tras lo cual incluso mencionó un estudio según el cual tribunales internacionales de Justicia creados por la ONU gastaron 1.200 millones de dólares para apenas emitir 30 condenadas definitivas.
"Colombia tiene todo el derecho a preguntarse de cuáles estándares nos están hablando", dijo, para luego aseverar que "lo más justo" sería que se tome la experiencia colombiana "como un ejemplo a seguir".
Recordó que actualmente están "en proceso de imputación de cargos para condena, 195 procesados, entre ellos el 90 por ciento de los máximos comandantes de los paramilitares", acusados de más de 16.000 crímenes.
Por otro lado, Santos indicó que su Gobierno concluirá su gestión el próximo agosto dejando instituciones sólidas, un país más seguro en el que "la violencia está derrotada, aunque no extinguida" y en el que la independencia de la Justicia "ha quedado demostrada con el fallo de la Corte Constitucional que negó la posibilidad de una nueva reelección del presidente de Colombia".
Apoyado por cifras sobre una importante disminución de las muertes violentas, masacres, actos terroristas, secuestros y número de desplazados, Santos sostuvo que durante el Gobierno de Uribe se logró "la más importante reducción en las violaciones de los derechos humanos en la historia moderna" de Colombia.
Como retos, reconoció que quedan los de hacer más fuertes y eficaces las instituciones públicas, superar la impunidad, esclarecer las amenazas contra defensores de los derechos humanos y superar la discriminación racial, por género y orientación sexual.
