Colombia afirmó hoy que ha transferido la capacidad de desminado que ha empleado durante cinco años en bases militares para atender las necesidades de comunidades civiles afectadas por las minas antipersonales.
En una intervención en la reunión de los comités de la Convención de Ottawa contra las Minas Antipersonales, que tiene lugar esta semana en Ginebra, el coordinador de desminado humanitario de Colombia, Pablo Parra, dijo que el 60 por ciento de los 1.100 municipios en su país "presentan algún grado de afectación por minas".
Reafirmó la voluntad del Gobierno colombiano de cumplir con sus obligaciones internacionales en el marco de la Convención de Ottawa y que por esta razón "las unidades de desminado humanitario de las fuerzas militares están concentradas trabajando en 12 de los 14 municipios".
Parra adelantó que el Gobierno espera tener para finales de 2012 un pelotón de desminado en cada una de las catorce circunscripciones.
El pasado diciembre, los Estados miembros de la Convención de Ottawa concedieron a Colombia una prórroga de diez años para cumplir con el desminado de su territorio.
El represente de Colombia sostuvo que su país "no tiene información sobre la ubicación de las áreas contaminadas con artefactos explosivos improvisados con características de minas".
Sin embargo, comentó que la información de la que se dispone apunta a que "los niveles de contaminación registrados en esos catorce municipios implican una gran cantidad de trabajo" de desminado para los próximos meses.
Parra precisó que las condiciones de seguridad serán un factor determinante de las labores de remoción de minas y recalcó la importancia de garantizar "una acción sin daño y una intervención sostenible".
