El Gobierno colombiano redujo a la mitad la previsión de crecimiento económico para 2010, al situarlo en 2,5 por ciento, y estimó para este año un incremento del Producto Interno Bruto (PIB) entre el 0,5 y el 1,5 por ciento.
Estas cifras, difundidas hoy por el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, son muy inferiores a la registrada en 2007, cuando la economía colombiana se expandió un 7,5 por ciento, la cota más alta en los últimos 30 años, e incluso del 2,5 por ciento registrado en 2008.
El Gobierno había previsto para 2009 un aumento del PIB del 3,5 por ciento, mientras que para 2010 del 5 por ciento.
"El menor crecimiento esperado obedece a los efectos transitorios de la crisis financiera mundial sobre la economía colombiana", señaló el ministro.
La situación global llevó a anotar que este año habrá un déficit fiscal de 11,8 billones de pesos (unos 5.856 millones de dólares) y en 2010 alcanzará los 18,3 billones (9.081 millones de dólares).
"Esta reducción de los ingresos se traslada al balance fiscal (...), pero es importante resaltar que esta desmejora fiscal no obedece a un incremento de los gastos", agregó.
Recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI), al aprobar a Colombia una línea de crédito flexible por 10.400 millones de dólares, hizo la estimación de un déficit del 4,4 por ciento del PIB para 2010.
Zuluaga señaló durante la presentación del marco fiscal a medio plazo que el Gobierno colombiano también contempla la emisión de bonos para financiar gastos en 2010 por un valor de 1.500 millones de dólares.
Consideró que el Gobierno está en capacidad de afrontar los choques externos por la crisis económica mundial sin que la inversión, en su mayoría del sector público, resulte afectada.
Además indicó que el gasto asociado a la política de seguridad implementada por el presidente Álvaro Uribe se ha convertido en recurrente y se requiere cerca de un billón de pesos (496,27 millones de dólares) para el mantenimiento de equipos y pie de fuerza.
El ministro de Hacienda propuso asimismo discutir junto al sector privado la posibilidad de imponer un impuesto al patrimonio a partir de 2011 con el propósito de financiar los gastos permanentes de la seguridad, estimados en un billón de pesos.
