El Gobierno colombiano anunció hoy nuevas medidas para proteger a los beneficiarios de tierras tras los asesinatos de tres de sus líderes la semana pasada, entre las que destacan crear una unidad en la Fiscalía para investigar esos crímenes y revisar la protección en las zonas más conflictivas.
Esas nuevas medidas fueron definidas durante una reunión extraordinaria en Bogotá del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (C12-RT), dirigida por el vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, y los ministros de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y Defensa, Rodrigo Rivera.
En los últimos tres años, más de 50 líderes que defienden a campesinos han perdido la vida en Colombia, una tendencia que se ha agravado desde que el presidente Juan Manuel Santos entregó en septiembre al Congreso un proyecto de ley que busca devolver unos dos millones de hectáreas usurpadas por paramilitares y guerrillas.
Santos reveló hace quince días que, desde que él asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto, han sido asesinados ocho líderes y beneficiarios regionales que comandan los procesos de devolución de tierras. Con las tres muertes de la semana pasada esa cifra se elevaría a once.
Sin embargo, Restrepo y Rivera aclararon hoy que el Gobierno tiene contabilizados siete asesinatos de este tipo desde el 7 de agosto y que algunos todavía están en proceso de investigación para esclarecer si están relacionados con la devolución de tierras.
"La decisión está tomada y es que seguimos adelante con la política de restitución y titulación de tierras, lo cual nos obliga a tener una mayor presencia del Estado en materia social y de seguridad en favor de la población campesina beneficiaria", subrayó hoy el vicepresidente.
En la misma línea, el ministro de Agricultura anotó que no hay marcha atrás en la restitución de tierras, de la que dijo que es una "alta prioridad económica, social y política del actual Gobierno".
Por ello, señaló que habrá "un diálogo con todas las asociaciones que se han creado en el país para ver cuáles son los líderes que requieren protección especial y más acentuada".
Además, adelantó que la próxima reunión del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras se hará el 11 de abril en Urabá, en Antioquia (noroeste), una de las regiones donde se registran más amenazas y muertes de activistas.
Mientras, el vicepresidente pidió a las organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos que "entreguen información de dónde pueden estar actuando los criminales" que quieren entorpecer la devolución de tierras.
A su turno, el ministro Rivera indicó que será una unidad especializada de la Fiscalía la que investigará desde ahora los asesinatos de líderes y beneficiarios de la restitución de tierras, para indagar posibles nexos entre ellos.
