La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció hoy la actitud "contradictoria" del Gobierno, en su voluntad de acercamiento a estos pueblos, tras conocer que el ministerio de Minas y Petróleos reiniciará la explotación de hidrocarburos en la Amazonía.
La Conaie había respondido ayer al llamado del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, de aunar esfuerzos contra las injusticias en el país, con una disposición a dialogar "con absoluto espíritu constructivo" y con la condición de una "voluntad política" por parte de los gobernantes.
El presidente de la Conaie, Marlon Santi, aseguró hoy que no entiende la apertura de territorios amazónicos a empresas transnacionales petroleras, como la argentina Compañía General de Combustibles (CGC), y denunció la consecuente "contradicción" en la voluntad del Gobierno ecuatoriano.
En una rueda de prensa, Santi reconoció la "sorpresa grande" que supuso el conocimiento de la decisión del ministerio, y se preguntó "dónde está la transparencia".
"La actitud del Gobierno demuestra la poca transparencia y voluntad política, contradiciendo sus acciones en la defensa de los derechos humanos y derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, creando desconfianza en su discurso", recalca un comunicado emitido hoy por la Conaie.
La resolución de retomar las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en la región amazónica, especialmente en el territorio de Sarayaku, fue redactada por parte del ministerio de Minas y Petróleos el pasado 8 de mayo, según los indígenas, y beneficiaría especialmente a las petroleras CGC y a la estadounidense Burlington.
Marlon Santi denunció que las comunidades indígenas no han sido "en ningún momento consultadas", y recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas provisionales a favor de los pueblos afectados, tales como el retiro de pentolita -poderoso explosivo usado para la prospección sísmica- en Sarayaku.
Además, el dirigente indígena advirtió de que el Tribunal Constitucional ecuatoriano reconoció en 1998 que Burlington violó los derechos colectivos de los pueblos ancestrales, por lo que Santi exigió al Gobierno el cumplimento de las medidas dictadas por ambas cortes.
El presidente de la Conaie responsabilizó así al Estado ecuatoriano por todas las acciones que puedan ir en contra de la vida y seguridad de los miembros del pueblo de Sarayaku y las nacionalidades Achuar y Shuar, y anunció que cualquier proyecto que atente con sus derechos "no será aceptado bajo ningún marco".
Santi no quiso confirmar movilizaciones al respecto, aunque reconoció que éstas son uno de sus principales mecanismos de resistencia.
No obstante, el comunicado emitido por las comunidades indígenas anuncia que se declaran "en estado de máxima alerta" en defensa de la vida, el territorio y la biodiversidad.
La empresa petrolera CGC, por su parte, citó para mañana un desayuno de trabajo con la prensa para realizar un "importante anuncio" respecto a la relación de esta compañía argentina con el Estado ecuatoriano.
